Juzgar es describir con palabras unos hechos y aplicarles el espíritu de las leyes, así como el sentido común.
Lo que ocurrió al mediodía del 22 de mayo de 2012 en la conselleria de Educación de Palma se ha reconstruido gracias a numerosos testigos y especialmente merced a que los incidentes se grabaron por medios de comunicación.
En su día se vio a los manifestantes circulando por las dependencias oficiales, coreando consignas y avasallando a los funcionarios que trataban de cortarles el paso.
Ahora la juez ha sentenciado que aquella protesta fue grave y violenta, muy diferente de otras habidas antes en la conselleria de Educación, que permaneció inactiva a la fuerza durante las dos horas que duró la ocupación.
Pese a lo alegado por los acusados y sus defensas, no fue un acto pacífico y ahora los 44 manifestantes tendrán que asumir las consecuencias, sentencia la juez.
Muchos de ellos quizá no alborotaron, pero la Ley les responsabiliza a todos del altercado.
Quizá no se produjo la violencia suficiente para dar pie al delito de desórdenes, pero sí que la ocupación fue agresiva.
Una persona resultó herida leve y sufrió una importante crisis emocional por aquellos incidentes, destaca la sentencia.
La magistrada entiende que los miembros de la Assamblea UIB pasaron la línea roja de la libertad de expresión política y lesionaron los derechos del personal de la conselleria de Educación y del público, que no pudo hacer gestiones durante dos horas.
Multas elevadas y antecedentes penales para los 44 jóvenes manifestantes, que en su mayoría siguen sin entender el alcance de sus actos. "Yo lo volvería a hacer", dicen, inconscientes.
