Amnistía Internacional (AI) entregó ayer al Govern balear 61.168 firmas recogidas en toda España en contra de la aplicación del real decreto que limita la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Posteriormente, los representantes de esta organización se entrevistaron con el conseller de Salud, Martí Sansaloni, que les comunicó que el Ejecutivo autonómico está obligado a respetar esa legislación estatal, por lo que no hay vuelta atrás en esa medida ni se pueden negociar desde una autonomía posibles cambios en su aplicación.

El portavoz de AI en esta campaña, Ignacio Jovtis, subrayó que en esa postura del Ejecutivo autonómico se encuentra la principal discrepancia, ya que desde su organización se considera que el citado real decreto vulnera el derecho internacional, los derechos humanos e incluso el Estatut d´Autonomia balear, que reconoce la salud como un derecho fundamental, por lo que en su opinión ninguna comunidad autónoma está obligada a secundarlo.

El hecho de que las firmas conseguidas en el conjunto del país se hayan entregado ante el Ejecutivo de las islas se explica porque hay casos documentados respecto a que en Balears el decreto se aplicó incluso antes de que entrara en vigor, y se ha hecho de forma especialmente negativa, según apuntó Ignacio Jovtis.

Sin embargo, el portavoz de Amnistía Internacional reconoció también que la forma de aplicar esa normativa en el archipiélago ha registrado alguna mejoría, al tiempo que valoró el talante dialogante de Sansaloni.

Sobre este cambio, destacó que el punto de inflexión se produjo con la muerte del senegales Alpha Pam, tras la cual se adoptaron algunas iniciativas, como instalar carteles y tripticos en diferentes idiomas en los hospitales explicando a los extrajeros sus derechos en la atención sanitaria.

Pero pese a estos avances, el representante de Amnistía Internacional lamentó las deficiencias que se siguen registrando, como la falta de protocolos médicos para actuar en esas situaciones. Además, criticó que la reacción de la Conselleria se esté dando ante casos concretos, pero sin llegar a aplicar cambios estructurales en la aplicación del real decreto, lo que en su opinión mantiene el riesgo de que se reproduzca algún otro caso similar al de Alpha Pam.