Los grupos parlamentarios han presentado un total de 57 enmiendas al proyecto de Ley de medidas urgentes de activación económica en materia de industria y energía y otras actividades, entre las que destaca la enmienda del PP para posibilitar que puedan llegar a Mallorca residuos de otros países para ser incinerados en la planta de Son Reus. El Govern aprobó el 15 de junio las medidas urgentes de activación económica como Decreto Ley y el pasado17 de julio fue convalidado en el pleno de Parlament con los votos del grupo popular y el rechazo de la oposición, a la vez que se aprobaba su tramitación como proyecto de Ley.
La enmienda del PP sobre residuos incluye medidas para "favorecer la reducción de costes y tasas" en esta materia, según resaltó el grupo popular. Así, plantea el establecimiento de bonificaciones para las entidades locales de hasta un 50% en materia de escombros y demoliciones, así como "tasas específicas para residuos como los cárnicos, cuyos productores dispondrán de bonificaciones de hasta un 70%".
Junto a este paquete de enmiendas, los populares han registrado propuestas por las que se establece que se podrán otorgar concesiones de aguas subterráneas en los acuíferos clasificados destinadas a usos agrícolas y ganaderos hasta un máximo de 4 hectómetros cúbicos anuales. Esta enmienda fue ayer mismo criticada duramente por la coalición PSM-IV-Entesa, que afirmó que de este modo se permitirá la "extracción en acuíferos sobreexplotados, lo que vulnera claramente el Plan Hidrológico de Balears".
Del total de las 57 enmiendas presentadas al proyecto de Ley, 13 corresponden al PP, 22 al PSOE y otras 22 al PSM-IV-Entesa. El proyecto del Govern establece un conjunto de medidas para facilitar de manera inmediata la creación de empresas, entre ellas la introducción de la denominada ´licencia exprés´, por la que para lograr el permiso de apertura de un negocio bastará la declaración responsable.
El PSIB criticó ayer que el proyecto, entre otras cuestiones, "abandona" el objetivo inicial de favorecer un cambio de modelo económico y se convierte "en un instrumento que dará total libertad al director general de Industria para autorizar grandes instalaciones energéticas en suelo rústico".
