La Cámara de Comercio de Mallorca aprovechó la participación de su presidente, Joan Gual, en los convenios de creación de los comités de desarrollo de rutas aéreas para reivindicar una mayor participación de las instituciones y sectores empresariales isleños en sus aeropuertos.
En concreto, se defendió la creación de un consorcio público que se ocupe de la gestión de estas instalaciones en el archipiélago, formado por el Estado, el Govern, las Administraciones insulares y municipales, y por las Cámaras de Comercio.
Según esta propuesta, este consorcio debería recibir la concesión del dominio público de cada aeropuerto durante un periodo no inferior a 50 años, a cambio del pago de un canon.
Esta sociedad debería actuar con autonomía económica y financiera, por cuenta y riesgo propios, y debería tener plena capacidad de actuación a la hora de establecer las tarifas aeroportuarias; planear y financiar las inversiones; participar a la hora de asignar los slots; asumir las relaciones comerciales con las compañías aéreas, incluyendo la promoción de nuevas rutas; ocuparse de la promoción del propio aeropuerto; y disponer de autonomía para contratar servicios.
Según la Cámara, la aplicación de esta reforma se podría hacer efectiva a corto plazo y sin ningún tipo de problema en los aeropuertos de Palma y de Eivissa, aunque se reconoce que en el caso de Menorca se debería contemplar un periodo transitorio debido a sus mayores dificultades para alcanzar un equilibrio financiero, aunque en el medio plazo de apunta que no habría obstáculos por sus previsiones de crecimiento.
