Gonzalo Aguiar, ex director general del departamento de Carreteras, que fue detenido en su despacho del Consell Insular, justificó ayer ante la juez que la UTE descargara en su finca 45 camiones de tierra recogida en las obras del desdoblamiento de la carretera de Manacor. Sin embargo, el político de UM quitó importancia a esta descarga y aclaró que lo hizo para hacerle un favor a la constructora, ya que de lo contrario habría tenido que buscar otra finca donde arrojar la tierra y reciclarla.

Dos horas se prolongó ayer el interrogatorio del ex director general del Consell Insular, asistido por el abogado José Zaforteza, ante la juez Ana San José, que investiga las presuntas irregularidades económicas cometidas durante la construcción de esta carretera. En concreto, se investiga, a instancias de la fiscalía Anticorrupción, si una parte del dinero público dedicado a costear este proyecto se dedicó a financiar obras privadas de personal que trabajaba para el Consell de Mallorca.

El fiscal sostiene que Gonzalo Aguiar, como director general, era el máximo responsable político de la construcción de esta carretera, y por tanto debía preocuparse para evitar el sobrecoste del proyecto, que finalmente se disparó con respecto al presupuesto inicial.

Según fuentes jurídicas, el ex director general explicó que el Consell otorgó la obra a una empresa constructora concreta, que a su vez subcontrató el proyecto a otras empresas. Aclaró que el Consell no tenía ningún tipo de acuerdo con las sociedades que formaban parte de la UTE, aunque reconoció su buena relación laboral con la constructora Melchor Mascaró, que participaba en la construcción, ya que antes de entrar en política había trabajado como directivo.

Aguiar indicó que el desfase económico que se produjo al concluir las obras era la consecuencia de las modificaciones del proyecto inicial, y no por el dinero que se desvió para pagar las obras de varios trabajadores. Negó que en algún momento hubiera tenido conocimiento, y mucho menos hubiera autorizado, que la UTE realizara, a cargo del proyecto, obras en la casa particular del celador del Consell, Gabriel Mestre, o que hubiera financiado la construcción de un centro lúdico para el ingeniero del Consell, Francisco Orejudo.

Sin valor

Durante el largo interrogatorio, Aguiar tuvo que justificar a la juez que se hubieran descargado en su finca particular decenas de camiones de tierra procedentes de la obra de la carretera. El ex director general confirmó que había alcanzado un acuerdo verbal con la empresa Melchor Mascaró para que se trasladara esta tierra a su domicilio, si bien aclaró que se trataba de restos con cascotes, por lo que entendió que el valor de dichos transportes era prácticamente nulo. Dijo, según las fuentes, que de todas maneras la constructora hubiera tenido que depositar estos restos en otra superficie, lo que habría supuesto un coste económico que repercutiría en el presupuesto de la obra. Aclaró que el pago por el tratamiento de la tierra que le entregaron, para retirar los cascotes, corrió a su cargo.

También reconoció que otra empresa de la UTE había realizado unas obras de mejora en su domicilio, aunque insistió que, aunque tarde, había pagado los trabajos.