La fiscalía de la Audiencia Nacional postula en el sumario por los vuelos de la CIA que los 13 presuntos miembros de la CIA que, entre 2004 y 2005, pasaron varios días en Mallorca e Eivissa, como tripulantes de uno de los aviones-prisión usados en la guerra sucia contra el terrorismo islamista, no tenían permiso de las autoridades españolas para actuar en nuestro país.
No costa que los agentes "tuvieran algún tipo de autorización por parte de las autoridades españolas para operar en territorio nacional con identidad supuesta y en el ejercicio de misiones oficiales", argumenta el fiscal Vicente González Mota. La consecuencia del ministerio público es que los pasaportes que exhibieron los agentes a su paso por los aeropuertos de Palma e Eivissa, y en hoteles de ambas ciudades, podrían constituir "un delito de falsificación y uso de documento oficial falso en España". Algunos de estos 13 sospechosos fueron condenados por la Justicia italiana como participantes en otro secuestro cometido en Milán. En aquella ocasión habrían utilizado identidades diferentes a las empleadas en Mallorca.
