Los investigadores del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno a la construcción y primeros eventos en el velódromo del mismo nombre, tratan de esclarecer si la agencia de publicidad Nimbus creó una red de contactos en las Administraciones Públicas para conseguir encargos y trabajos. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía y la fiscalía anticorrupción sospechan que Nimbus pudo haber pagado dádivas a esa red de presuntos "comisionistas", dos de los cuales han podido ser identificados.
La nueva línea de investigación surgió tras el análisis de la documentación intervenida en Nimbus. La Policía se ha centrado, entre los miles de papeles y archivos informáticos incautados, en unos documentos donde aparecen los listados de clientes de la agencia, así como la situación de estas cuentas.
Estas relaciones que se elaboraban de manera periódica en la empresa contienen datos sobre varios organismos públicos que eran clientes, entre ellos el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), el Instituto de Estrategias Turísticas (Inestur); la conselleria de Obras Públicas; todos del Govern del PP, y el Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, este último dependiente del Consell, pero regido también por el PP.
Los investigadores presumen que la agencia tejió una presunta red de "comisionistas externos", algunos de los cuales podían ser cargos de organismos públicos.
Las sospechas han nacido del estudio de los comentarios y datos recogidos en los estadillos periódicos de clientes.
La fiscalía anticorrupción pidió al Grupo de Delincuencia Económica que identificara a esos "comisionistas externos". La Policía, de momento, ha puesto nombre a dos de los posibles contactos de la agencia: un cargo del Inestur y una alta empleada del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca,
Nimbus ha sido investigada a fondo en el sumario del caso Palma Arena por varios asuntos: los servicios que prestó al Govern del PP durante la construcción y primeros eventos en el velódromo público; las contrataciones de un asesor privado del ex president del Govern Jaume Matas; y los trabajos efectuados en materia electoral para el PP de Balears.
Pagos en negro
En el sumario aparecen imputados algunos de los principales gestores y propietarios del grupo de empresas Nimbus, entre ellos Miguel Romero. La empresa está acusada de hacer trabajos en negro para el PP, con objeto de que ese partido no superara el límite de gastos electorales establecido por la ley. También se sospecha que pudieron hacer descuentos al PP en trabajos electorales.
Los registros practicados en las empresas permitieron descubrir indicios de esas prácticas, como anotaciones manuscritas relativas a los pagos en negro de trabajos prestados al PP.
El juez del caso Palma Arena, José Castro, quiere aclarar el asunto de los posibles pagos de comisiones a cambios de encargos de la Administración. Castro baraja abrir piezas separadas para poder instruir de una manera más rápida y eficaz los distintos flecos del caso Palma Arena.
