El ex fiscal Ignacio Gordillo se incorporó el pasado mes de enero al bufete Martínez Echevarría, tras pedir una excedencia en la Audiencia Nacional después de casi 30 años en la alta institución. Gordillo es un histórico de la Fiscalía y en su currículo destaca su participación en algunas de las investigaciones más relevantes relacionadas con el terrorismo y los grandes escándalos financieros. Fue miembro del grupo de los denominados en la década de los noventa como "fiscales rebeldes e indomables", junto a Pedro Rubira, Eduardo Fungairiño y Maria Dolores Márquez de Prado. Fiel a esa denominación, mantuvo serios enfrentamientos con sus superiores durante los últimos años del Gobierno socialista de Felipe González por sus esfuerzos en el esclarecimiento de las muertes de los etarras Lasa y Zabala dentro de las investigaciones al GAL, en el que también fue fiscal en el caso Amedo y Dominguez. Gordillo llegó incluso a ser expedientado por el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional José Aranda. Además del GAL, Gordillo ha sido uno de los fiscales más activos contra el terrorismo de ETA y el GRAPO. También se ocupó de los secuestros del empresario José María Aldaya y de Ortega Lara. A ellos se suma su trabajo en la investigación de escándalos financieros como el de Argentia Trust y Rumasa, el fraude del IVA, el caso Sogecable o Inverbroker. Uno de sus últimos casos como fiscal fue el del pesquero Alakrana. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, Gordillo se sumó en enero al despacho Martínez-Echevarría como socio internacional responsable del Área de Derecho Penal. El PP balear ha acabado recurriendo a este bufete para elaborar una estrategia ante los numerosas investigaciones por corrupción que afectan al partido. En la reunión que se celebró ayer en la sede del PP con el equipo de Gordillo, pasaron diputados como Joan Flaquer, citado como testigo en el caso Palma Arena, o Mabel Cabrer, testigo en el caso Plan Territorial de Mallorca.
