El magistrado de instrucción 7 ha emplazado para el próximo miércoles día 25 al matrimonio británico formado por Christian Hore y Martha Mónica Hore (de soltera Ocampo) para que depositen una fianza de cien millones de euros, una de las mayores sumas señaladas por la justicia insular para posibles responsabilidades civiles de delitos. Los Hore son dos de los principales imputados en el caso Relámpago, la presunta trama de lavado de dinero, fraude fiscal y otros delitos desmantelada en abril del 2007.
Los Hore, defendidos por el bufete Jiménez de Parga, han sido citados para el miércoles próximo con intención de comunicarles la obligación de señalar bienes con los que cubrir la millonaria fianza.
De hecho, el juzgado de instrucción 7 tiene ya retenidos desde el inicio de la operación Relámpago casi 38 millones de euros que el matrimonio había depositado en una sucursal bancaria de Palma. Así, de hecho, los inculpados solamente deberán aportar avales, casas y otras propiedades por 62 millones de euros.
La fiscalía anticorrupción imputa a los esposos varios presuntos delitos contra la Hacienda Pública millonarios. Los cien millones estarían destinados a cubrir la suma defraudada al Fisco español, más los recargos, más las multas correspondientes.
Embargar Son Bunyola
El matrimonio inglés figura como propietarios, a través de varias sociedades con raíces en paraísos fiscales, de las emblemáticas posesiones de Banyalbufar conocidas como Son Bunyola.
Si el miércoles no cubren los 62 millones requeridos, el juzgado tendrá que iniciar una investigación a fondo sobre su patrimonio para poder embargar bienes. Así no se descarta que instrucción 7 tenga que decretar el embargo de las mencionadas posesiones de la Serra Nord, donde los Hore explotaban en 2006 un agroturismo de lujo.
Los encausados recurrieron hace meses ante la Audiencia Provincial la fianza establecida por el juez Garcías. La Audiencia dio la razón al instructor, que ahora ha dado el siguiente paso de cara al depósito de la fianza. Básicamente los Hore, y su potente equipo de asesores jurídicos y expertos en materia tributaria, postulan que no tenían obligación de declarar por sus bienes y operaciones inmobiliarias de Mallorca en España y sí en Inglaterra, donde ya pagaron elevadas sumas en impuestos.
