De la memoria de muchos españoles todavía no se ha borrado el fiasco de la Promoción Social de Viviendas (PSV), una cooperativa creada por UGT a principios de los 90 para proporcionar pisos asequibles a 20.000 familias. Con la suspensión de pagos de la PSV en 1993 se destaparon irregularidades en la gestión de las aportaciones de las familias. El secretario de Organización y Administración del sindicato, Miguel Ángel Carlos Arnaiz, marcó ayer distancias con aquel escándalo. "No tiene nada que ver", sentenció. "En aquella ocasión se adquirió el terreno con el dinero de los cooperativistas y luego se fue a los ayuntamientos a solicitar el permiso para construir", recuerda. En esta ocasión, "la sociedad mercantil comprará el suelo con fondos propios y después de asegurarse de la existencia de una demanda real".

El escándalo de la PSV alcanzó de llenó a Balears. La empresa que actuaba como gestora de la PSV era Iniciativas de Gestión y Servicios (IGS), cuyo principal accionista era la UGT. Al estallar este caso en 1993, pronto se supo que la causa real de la quiebra de IGS eran las inversiones no relacionadas con la vivienda y, de entre ellas, la más cara y fallida fue la Marina de Calvià, un faraónico proyecto de finales de los 80 cuyo volumen de inversión se estimaba en cien mil millones de las antiguas pesetas.

El entonces alcalde de Calvià, el socialista Francesc Obrador, y su sucesora al frente del Consistorio, la actual portavoz del Govern Margarita Nájera, apostaron por este proyecto y se creó la sociedad Marina Calvià Mallorca, con el Ayuntamiento como accionista mayoritario y la participación de IGS y los arquitectos redactores del Plan General del municipio. El Banco Central Hispano concedió créditos hipotecarios a IGS por unos 1.500 millones de pesetas, una deuda que los damnificados por el colapso de IGS-PSV consideraban que se saldó en su mayor parte gracias al desvío de fondos de cooperativistas.

No ha sido la única mala experiencia de la UGT en sus actuaciones relacionadas con la vivienda en Balears. En 1995 quebraba la Cooperativa de Viviendas Pablo Iglesias (CPI), creada por personas vinculadas a UGT y PSOE, después de la denuncia de doce compradores de chalés en la urbanización Galatzó que acusaron a la CPI de estafa.