Además de reivindicar derechos laborales, la sigla UGT sirve también para comercializar pisos. El sindicato ha constituido una sociedad limitada con el propósito de edificar viviendas de protección oficial en Balears (VPO). El 51% de las participaciones de la empresa Habitatges i Serveis de ses Illes Balears reposan en manos de la central y el resto pertenecen a una empresa propiedad del arquitecto José Luis Mosteiro Sans y de Miguel Requena, confirmó ayer el secretario de Organización y Administración del sindicato, Miguel Ángel Carlos Arnáiz.

No es la primera vez que UGT se sumerge en el mercado del ladrillo. Hace veinte años fundó la cooperativa PSV, un proyecto que a los pocos años se transmutó en un escándalo nacional con derivaciones muy importantes en Mallorca.

Eliminar riesgos

A diferencia de la fallida PSV, Miguel Ángel Carlos precisa que la idea se ha madurado durante dos años y no habrá cooperativistas que puedan perder su dinero a consecuencia de una mala gestión. Con la pretensión de adquirir terrenos donde construir, los responsables de UGT han tanteado ya a los alcaldes de varios municipios de Mallorca. Antes de Navidad visitaron al primer edil de Son Servera, el socialista Josep Barrientos. "Estaban muy interesados en dos solares, pero no he vuelto a tener noticias de ellos", detalla Barrientos. A la lista de contactos se suman los alcaldes socialistas de Andratx y ses Salines. "Todavía no nos hemos reunido con la batlesa de Palma pero nuestra intención es hacerlo cuanto antes", abunda el secretario de Organización.

Hogares espaciosos

La oferta de pisos se dirige tanto a los afiliados como a personas ajenas a la central. El importe de las viviendas de protección oficial oscilarán entre los 108 mil euros y los 150 mil en función de su tamaño y las ayudas que disponga la Administración. La oferta incluye desde apartamentos de 45 metros cuadrados hasta hogares más espaciosos de 90 metros cuadrados. Miguel Ángel Carlos Arnáiz sostiene que los beneficios obtenidos de la venta de VPO se reinvertirán en nuevos proyectos urbanísticos.

Propuestas similares a la de Balears se desarrollan en Navarra, Asturias o Barcelona. En el caso de la comunidad foral, UGT ha promovido 600 pisos en suelos de propiedad pública que el Gobierno autonómico ha enajenado a precios que permiten desarrollar viviendas de protección de régimen especial y de precio tasado.

En Gijón, las cooperativas de vivienda de UGT y CCOO han edificado cada una cerca de 150 viviendas cuyo importe asciende a los 100.000 euros.