¿Cómo cambiarán los subsidios de paro?: las claves del choque entre Díaz y Calviño

El Gobierno trabaja a contrarreloj para reformar el sistema de subsidios de paro. Un abanico de ayudas pensado para dotar de unos ingresos mínimos (480 euros) a personas en desempleo, que ya han agotado el resto de prestaciones contributivas y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Actualmente estas ayudas benefician a casi un millón de personas en toda España. Y la intención de Trabajo es sumar a otros 400.000 personas que actualmente están sin trabajo y sin ingreso alguno. La entrada en vigor de la reforma todavía no está clara, pero Trabajo apunta al 1 de junio de 2024.

La coalición tiene comprometida este reforma con Bruselas en el marco de recepción de los fondos europeos y apura para cumplir con ello de cara al cuarto desembolso. Y, según apuntan fuentes del departamento de Díaz, ya está comprometido que el nuevo sistema no implicará recortes de gasto público. En este sentido, fuentes de Trabajo insisten en que hay recursos suficientes para abordar esta reforma, ya que el SEPE tiene superávit. La semana que viene publicarán el dato exacto, que se situará en el entorno de los 4.800 millones de euros.

Calviño: "El objetivo de esta legislatura es alcanzar el pleno empleo efectivo"

No obstante, no todo el Gobierno tiene la misma respuesta a la pregunta "¿Cómo deberían ser el nuevo sistema de subisidos?". La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viven estos días su enésimo choque por esta cuestión. Después de divergir en cuánto debía subir el salario mínimo, qué alcance debía tener la 'ley Rider' o qué aspectos y cómo debía regular o no la reforma laboral, entre otros.

¿En qué chocan ahora Calviño y Díaz para reformar los subsidios de paro? Según las distintas fuentes consultadas, el esquema que maneja la titular de Economía está enfocado a promocionar el pleno empleo y reorganizar las ayudas para incentivar más a que los parados acepten ofertas de trabajo. Por otro lado, su homóloga de Trabajo pretende mejorar la protección, permitiendo que más personas cobren estos subsidios y aumentando el importe de los mismos, entre otros.

Edad

Uno de los principales puntos de fricción entre las dos alas del Gobierno está en la edad a la que las personas desempleadas podrían acceder a uno de estos subsidios asistenciales. Actualmente el subsidio que más personas perciben es el diseñado para mayores de 52 años. Una ayuda que el Gobierno de Mariano Rajoy restringió, que Pedro Sánchez recuperó en 2019 y que ahora promete cambiar.

Yolanda Díaz aspira a bajar la edad de acceso y habilitar tres casos en los que una persona puede acceder a este subsidio: uno para los menores 45 años sin cargas familiares, otro para mayores de 45 años también sin cargas y otro para mayores de 52 años. Lo que sumaría a unas 150.000 nuevos beneficiarios a este subsidio. Mientras que Calviño pretende ir en sentido contrario y elevar hasta los 60 años la edad de acceso, según apuntan desde Trabajo.

Importe

Actualmente el subsidio para mayores de 52 años tiene un importe de 480 euros, que es el equivalente al 80% del IPREM (el indicador que marca cada año su cuantía exacta). Existe consenso entre ambas vicepresidentas en aumentar el importe, a la vez que establecer un formato en el que la cuantía a cobrar irá disminuyendo con el paso del tiempo.

No obstante, siempre según la versión de Trabajo, Díaz pretende elevar el subsidio y que cuando pase a su versión más baja se quede tal como está ahora. Y Calviño quiere aumentarlo de saque pero que a partir de los seis meses sea inferior a los montantes actuales.

Trabajo aboga por un subsidio de 660 euros durante los seis primeros meses, de 540 euros en los seis meses siguientes y de 480 euros a partir del año en paro. Mietnras que Economía plantea 600 euros durante el primer trimestre, 480 euros entre tres y seis meses en paro, 390 euros entre seis y nueve meses en paro y 300 euros a partir del año en paro.

Duración

Las propuestas que maneja el Gobierno difieren en quién podrá cobrarlo, a cuánto ascenderá la ayuda y también en cuánto tiempo podrá percibirla. Mientras el esquema de Calviño aboga por un subsidio de máximo 12 meses de duración, Díaz apunta a uno de 30 meses. Desde su departamento insisten en que el 80% de los actuales perceptores no agotan completamente su derecho a subsidio.

Compatible con el empleo

La reforma del sistema de subsidios asistenciales al desempleo pretende mejorar la protección social a la vez que se incentiva la incorporación de los parados al mercado laboral. Es por ello que el diseño se estuvo haciendo en paralelo durante los últimos meses con la nueva ley de empleo, si bien esta prosperó y la reforma de los subsidios todavía no.

Una de las claves para mejorar la inserción es compatibilizar el cobro de la ayuda del Sepe con el primer sueldo durante un tiempo. Aquí la intención de Trabajo es permitir compaginar ambos ingresos durante los primeros 45 días de trabajo. Mientras que, sobre este punto, la postura de Calviño no ha trascendido.

Subsidio agrario

De los casi un millón de personas que actualmente están cobrando un subsidio del Sepe, algo más de 80.000 cobran el subsidio agrario o 'peonada', como popularmente se conoce. Esta ayuda está actualmente restringida a las personas que trabajan en el campo o el sector agropecuario en Extremadura y Andalucía y que durante parte del año se quedan sin trabajo por la propia naturaleza de las campañas de recogida.

Ahora la intención de Trabajo es ampliar a toda España esta ayuda y que cualquier peón de cualquier autonomía pueda acogerse. Lo que ampliaría la cobertura en 250.000 personas. La postura de Economía no ha trascendido a este respecto.

Rechazar ofertas de trabajo

Uno de los elementos más polémicos del modelo que estudiaba el Ministerio de Economía era endurecer los castigos para aquellos parados que rechacen ofertas de empleo para seguir cobrando la ayuda. Aquí Trabajo explica que Economía quería modificar la ley de infracciones y sanciones (LISOS) para "generar incentivos contra la economía sumergida". Lo que, dado que la LISOS regula las infracciones cometidas por las compañías, podría pasar por ampliar las multas para aquellas sociedades que contraten 'en B' a parados, ofreciéndoles menos sueldo ya que así lo compatibilizan con el subsidio público.

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