Mafia laboral

La Policía califica de "mafia laboral" a la red de empresarios explotadores

Los agentes detienen hoy a dos empresarios más y suben a 16 los arrestados - La trama estaba dirigida por el dueño de decenas de bares y restaurantes y la Policía estima en 1.200 los trabajadores explotados

16.12.2015 | 12:10
La Policía califica de "mafia laboral" a la red de empresarios explotadores
La Policía califica de "mafia laboral" a la red de empresarios explotadores

La red de empresarios de hostelería detenidos por explotar a sus trabajadores habría defraudado más de un millón de euros a Hacienda y la Seguridad Social. La Policía ha detenido al menos a 16 personas por su participación en un entramado, dirigido por el dueño de decenas de establecimientos en el centro de Palma, que los propios investigadores califican de "mafia laboral" y en el que habría unos 1.200 empleados afectados desde 2013. Los agentes se han incautado de 500.000 euros en efectivo e investigan también al menos una agresión grave a un trabajador que protestó por sus precarias condiciones.

Además del fraude económico y la explotación laboral, las pesquisas han revelado graves deficiencias en las condiciones higiénicas de los locales y la conservación de los alimentos. Buena parte de los establecimientos inspeccionados se nutrían de productos almacenados en una nave del polígono de Can Valero, clausurada por incumplir la normativa sanitaria.

La investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional comenzó hace varios meses, cuando empezaron a recabarse decenas de denuncias de trabajadores de bares y restaures. Las víctimas hacían hincapié en las condiciones de explotación laboral: jornadas laborales de 70 horas semanales con salarios de 600 euros mensuales, empleados sin contrato e incluso amenazas y agresiones graves –que investiga ahora el grupo de Homicidios– a quienes protestaban por estas condiciones. La Policía llegó a recabar hasta 40 denuncias contra los responsables de un solo establecimiento.

Las pesquisas revelaron un entramado de 12 sociedades que estaban detrás de la treintena de bares y restaurantes denunciados, situados en enclaves de gran afluencia de turistas como la plaza Major, sa Llonja y Cort. En la cúspide de esta red se encontraba, según la Policía, Juan Antonio S.G., un empresario que cuenta con cerca de un centenar de negocios, la mayoría en Palma. Este hombre supuestamente dirigía al resto de socios y a los encargados de los locales, marcando las precarias condiciones laborales de los empleados. Además de vulnerar sistemáticamente los derechos de los trabajadores, estas empresas habrían defraudado también más de un millón de euros a la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria al no pagar las cuotas correspondientes.

Tras meses de investigaciones, la Policía y las Inspecciones de Sanidad y Trabajo llevaron a cabo el lunes un gran operativo contra esta organización, en el que participaron más de cien agentes. Los funcionarios inspeccionaron durante toda la jornada 25 establecimientos y llevaron a cabo ocho registros en oficinas y domicilios, en los que se intervinieron 500.000 euros en metálico, fruto de los impagos a empleados y proveedores, y abundante documentación todavía por analizar. En el polígono de Can Valero se clausuró una nave en la que se almacenaban de forma irregular los productos que luego se servían en bares y restaurantes.

La cifra de detenidos en esta operación, una de las más importantes de los últimos años contra la explotación laboral, ascendía ayer a 14 y podría crecer en las próximas horas. Entre ellos se encuentran tanto empresarios como encargados de los negocios investigados. Sobre ellos pesa un rosario de delitos por vulnerar los derechos de los trabajadores, el fraude al erario público y los riesgos para la salud pública detectados. La Policía apunta que actuaban de forma coordinada y les imputa además un delito de pertenencia a grupo criminal. Los investigadores tenían previsto tomar declaración a los acusados entre ayer y hoy, para ponerlos el jueves a disposición del juzgado de instrucción que investiga el caso.

La asociación de cafeterías, bares y restaurantes Restauración Mallorca, por su parte, condenó "enérgicamente" los hechos investigados y aseguró que se trata de "casos aislados que generan competencia desleal" y dañan el sector. El presidente de la organización Rafael Robledo, recordó que en la isla hay más de 11.000 establecimientos de restauración, afirmó que estas detenciones son "casos excepcionales" y aplaudió la actuación policial.

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