Los promotores del parque fotovoltaico de Santa Cirga, a escasos kilómetros de Manacor, están dispuestos a reducir un 20% las dimensiones del proyecto para demostrar su buena voluntad con la conselleria de Energía y reducir el posible impacto visual que ha hecho que la comisión política de Medio Ambiente les denegara en primera instancia los permisos la semana pasada. "Pese a que hemos superado los informes de la comisión técnica y no sería necesario, estamos dispuestos a ello", explica José Antonio Pérez, director de desarrollo de la empresa KS Managment. De esta forma se reduciría el volumen de la instalación de 90 a 70 hectáreas, lo que a su vez supondría un descenso en el número de módulos solares de 270.000 a 197.000 y una bajada del presupuesto desde los 50 millones iniciales a 40.

Las medidas constrictivas también afectarían a la separación del parque fotovoltaico de la carretera que va desde Manacor a Porto Cristo, que con el nuevo proyecto sería de casi medio kilómetro, frente a los 200 metros establecidos en el inicial. Se mantendría igualmente la doble barrera vegetal, más dos corredores en forma de cruz también sembrados de árboles "con lo que quedaría totalmente camuflado y no afectaría en absoluto al tráfico ni a la visión desde la carretera".

Evidentemente la medida también tendría aspectos negativos, como la reducción de puestos de trabajo tanto directos como indirectos implicados en la construcción, que pasarían de unos 300 a 240. También se reduciría el importe que percibiría el ayuntamiento de Manacor en concepto de licencias, de los 1,5 millones a los 1,2. Asimismo el aval que la empresa debería presentar ante la conselleria de Industria pasaría del millón de euros a 800.000.

Todo ello se enmarca dentro del clima de incredulidad mostrado por los promotores, que el pasado jueves vieron como después de que la comisión técnica de Medio Ambiente les aprobaba el proyecto de Santa Cirga, la comisión política cambiaba de opinión por sorpresa contradiciendo a los expertos, con lo que ahora iniciarán acciones administrativas y legales.