Después de que la comisión política de Medio Ambiente denegara el jueves el parque fotovoltaico de Santa Cirga por ocho votos a dos, contradiciendo la aprobación de la comisión técnica de una semana antes, los promotores del proyecto ya han reaccionado. Cuando reciban la resolución dispondrán de un mes para presentar un recurso de reposición, a lo que la administración tiene un mes más para contestar. Si la respuesta sigue siendo negativa presentarían un contencioso administrativo que podría acabar con acciones legales de responsabilidad penal contra aquellos políticos que votaron en contra del dictamen inicial. "Esta situación no tiene precedentes, a los demás parques se les ha dado permiso si los técnicos habían dado luz verde, pero a nosotros no. Creo que ha existido un agravio comparativo e irregularidades en la decisión", señala el director de desarrollo.
