En un intento de cubrirse las espaldas ante las posibles demandas judiciales que conllevan indemnizaciones económicas, los ayuntamientos de la isla están valorando la posibilidad de ampliar los seguros de responsabilidad civil que todos ellos tienen contratados con el fin de que también cubran los posibles errores cometidos por los cargos políticos y los altos funcionarios de las corporaciones municipales. De esta forma, en caso de que alguna decisión política errónea perjudique a terceros y exista una demanda condenatoria por ello, los responsables políticos no deberán responder con su patrimonio personal, ya que será la compañía de seguros la que se encargue de pagar las posibles indemnizaciones y la propia defensa jurídica del demandado. Dicho de otro modo: los ayuntamientos se plantean la posibilidad de invertir dinero público en blindar el patrimonio de los políticos si éstos cometen algún error con consecuencias negativas sobre terceros en el ejercicio de su actividad pública.
Los seguros de responsabilidad civil que la gran mayoría de ayuntamientos tienen contratados abonan las posibles indemnizaciones que están obligadas a pagar las instituciones en caso de demandas patrimoniales por parte de los ciudadanos, pero no ofrecen cobertura si el demandado es algún cargo político en particular que haya sido condenado a pagar algún resarcimiento económico de su bolsillo. Por ello, algunos ayuntamientos de la isla ya valoran la posibilidad de contratar esta póliza que todavía no comercializan todas las compañías de seguros, aunque todo apunta que en un futuro próximo la mayoría de ayuntamientos se subirán al carro.
Algunos casos concretos
Los ayuntamientos de Inca y Alcúdia aseguran que analizan la posibilidad de contratar la póliza. En el caso de Inca, la institución local ha abierto un expediente de contratación por valor de 26.015 euros de un nuevo seguro que cubra los posibles errores políticos, una póliza que se añadirá a la ya contratada de responsabilidad civil por valor de 20.653 euros y que ofrece cobertura a los errores técnicos.
Por su parte, el ayuntamiento de Alcúdia también admite la posible contratación, el próximo año, de la póliza que cubre los errores de los políticos. El regidor de Hacienda de este consistorio, Juan Luis González (PP), asegura que se lo han ofrecido por unos 5.000 euros anuales. "Es un seguro que está muy bien porque cubre las demandas que van dirigidas personalmente a algún cargo político o técnico, que pueden enfrentarse a indemnizaciones como consecuencia del ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento", afirma. "Actualmente, te demandan por cualquier cosa, y no es de recibo que puedas arruinarte por trabajar para el consistorio", añade González.
Otros ayuntamientos admiten que determinadas compañías de seguro han intentado venderles este producto. En el caso de Manacor, el alcalde Antoni Pastor (PI) afirma que ya conocía la nueva modalidad de seguro que califica de "interesante" y que no descarta contratar en un futuro.
Pastor, al igual que el alcalde de Campos, Sebastià Sagreras (PP), ya han tenido que hacer frente a multas coercitivas por los retrasos en la ejecución de las sentencias del puente del Riuet y de ses Covetes, respectivamente, aunque en estos casos las compañías de seguro no podrían hacerse cargo de las cantidades porque son sanciones personales contra los alcaldes independientemente de su responsabilidad en los casos denunciados.
Consistorios como Muro o sa Pobla también han admitido que diversas compañías de seguros han ofrecido las nuevas pólizas, aunque por ahora no tienen intención de contratarlas debido a la delicada situación económica por la que atraviesan las instituciones locales. Otros ayuntamientos como el de Calvià han optado por no responder a la consulta planteada por este diario.
