El Parlament tiene previsto hoy pronunciarse a favor del proyecto de hundir una fragata militar en las Illes Malgrats (Santa Ponça), una iniciativa que impulsó el ayuntamiento de Calvià en época de Carlos Delgado para crear un arrecife artificial y que desde hace años se encuentra empantanada por la oposición de la dirección estatal de Costas a dar el permiso pertinente, al considerar que implicaría una "fuente de contaminación".

El apoyo al hundimiento se formalizará políticamente a través de una proposición no de ley que presentará hoy por la mañana el Grupo Parlamentario Popular ante la comisión de Turismo y que se aprobará en virtud de la mayoría absoluta del PP de no mediar una sorpresa de última hora.

El contenido de la iniciativa es inequívoco y pide que la Cámara balear inste al ministerio de Defensa y a la dirección general de Costas a "desbloquear la parálisis administrativa que impide el hundimiento de la fragata ´Baleares´ a 400 metros al este de las Malgrats, a 100 metros del límite de la reserva marina de Calvià". La proposición no de ley solicita también al Govern que realice "cuantas acciones administrativas, institucionales, judiciales y políticas" sean necesarias ante el Ejecutivo central para lograr que el proyecto consiga las autorizaciones pertinentes.

La iniciativa popular recoge punto por punto los argumentos que ha empleado desde 2005 el Consistorio calvianer para defender que la embarcación militar, de 133,60 metros de eslora (longitud) y 14,30 metros de manga (anchura), sea hundida a una profundidad de entre 35 y 40 metros. Así, el diputado del PP Óscar Fidalgo defenderá que "el sector náutico y el buceo recreativo suponen un turismo de calidad y alto poder adquisitivo", al tiempo que argumentará que la instalación de este tipo de estructuras artificiales en el fondo marino se ha producido en otros destinos turísticos. Al margen de este tipo de iniciativas políticas, el futuro del proyecto pasa en gran parte por la Audiencia Nacional, que está a punto de dar a conocer la sentencia del recurso presentado por el Ayuntamiento en contra del bloqueo de Madrid.

Antes de las últimas elecciones, los entonces responsables políticos del Consistorio expresaban su optimismo acerca de una resolución de la Audiencia Nacional favorable a sus intereses. Llegaban a esta conclusión después de que el perito independiente convocado por el organismo judicial, Juan A. Malo de Molina, emitiese un informe suscribiendo las conclusiones de la organización oceanográfica internacional Oceana, en favor de la iniciativa.

En una entrevista a este diario en diciembre de 2010, Malo de Molina exponía que "no es un peligro" hundir una fragata si se descontamina correctamente. Este biólogo y director de Econima compartía las tesis de Oceana de que el arrecife artificial generaría una mayor biodiversidad y veía "no muy sólidos" los argumentos en contra del hundimiento.

La otra parte personada en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional, Greenpeace España, sostiene por el contrario que el proyecto "afectaría a valores ambientales de las Malgrats" y arguye que el informe pericial tiene deficiencias, ya que no incluye la idea de que el espacio limítrofe a la zona donde se proyecta el hundimiento forma parte de la red europea de protección Natura 2000.