La asfixia económica que padecen los ayuntamientos tiene multitud de frentes. La sufren los funcionarios, a los que se recorta su sueldo, los pequeños proveedores y también las grandes compañías. Empresas como Tirme, a la que los consistorios pagan mensualmente en concepto del tratamiento de residuos. En la actualidad, las administraciones municipales deben 67,2 millones a esta compañía concesionaria del servicio público de gestión de residuos urbanos. De este montante, 52,2 millones corresponden a facturas ya vencidas, mientras que el resto aún están en el plazo legal para hacerse efectivas.
El ayuntamiento de Llucmajor es el que más debe de la Part Forana a Tirme. En total, 9,1 millones de euros, de los cuales 8,4 millones son facturas cuyo pago ya excede el plazo reglamentario de 60 días. En la empresa concesionaria, no tienen constancia de que Llucmajor haya abonado ninguna factura durante el año 2010.
A continuación, figura la empresa municipal Marratxí XXI, con una deuda global de 4,1 millones, de los que 3,4 millones corresponden a recibos vencidos. La corporación municipal de Sóller acumula pagos pendientes por valor de 3,9 millones. Un porcentaje muy elevado de este montante global son facturas vencidas (3,7 millones).
El ayuntamiento de Calvià suma 2,7 millones en recibos que no han cumplido el pago en 60 días, tal y como estipula la normativa. Y tiene otros 1,6 millones en facturas, pero aún dentro de plazo para pagarlas.
Por norma general, son los consistorios más pequeños de la Part Forana los que menos adeudan a Tirme. Sucede así con municipios como Puigpunyent, Estellencs, Deià, Fornalutx. También hay términos que están prácticamente al día de sus pagos, como Santanyí, Banyalbufar y Escorca.
En vista de esta situación generalizada, Tirme ha remitido cartas a una veintena de corporaciones municipales, en las que se les recuerda que están obligados por ley a que estos pagos deben tener prioridad cronológica.
En este sentido, fuentes de la empresa recuerdan que cuando un ayuntamiento cobra al ciudadano su tasa de basuras, una parte corresponde a la recogida de residuos (competencia municipal) y la otra, al servicio por el tratamiento de residuos (en manos de la concesionaria Tirme).
Como agregan estas fuentes, el destino de lo recaudado por este concepto impositivo es finalista, esto es, sólo puede destinarse al pago por los servicios de la concesionaria, a diferencia de otros tipos de ingresos tributarios. Ante el temor a cómo puede afectar al futuro de la compañía esta situación de impagos, explican en la empresa, representantes sindicales de UGT en el comité han llegado a ponerse en contacto con la federación balear del sindicato, para pedirle ayuda para ver si pueden hacer gestiones con los ayuntamientos y convencerlos de que actualicen el abono de estas cantidades.
