Podemos solo acepta la existencia de un error administrativo en la designación del nuevo director general de Participación Ciudadana de Cort y rechaza que se hayan cometido presuntamente tres delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y financiación ilegal del partido, tal como pone de manifiesto uno de los aspirantes al cargo que ha presento un recurso para anular el nombramiento.
Es más, la responsable de la comisión legal de Podemos, Aina Díaz, tras manifestar su "indignación" con la interpretación que se hace del nombramiento de Joaquín de María por parte de este aspirante, afirmó que está estudiando seriamente la posibilidad de denunciar a la persona recurrente "por difamación".
Por su parte, el secretario general en Balears del partido morado, Alberto Jarabo, explicó que este asunto del nombramiento de De María por sus conocimientos del programa del partido "ha sido remitido a la comisión legal" de la formación, a cuyas conclusiones se remitió. No obstante, adelantó que, después de haber hablado con la concejala Eva Frade "parece que todo fue un error administrativo", que se está subsanando.
De igual modo se expresó la concejala y portavoz de Podem Palma, Antònia Martín, al igual que la portavoz del equipo de gobierno en Cort, Neus Truyol (Més), para quien las explicaciones dadas por la concejala en su comparecencia del pasado pleno son suficientes.
En relación al recurso de reposición presentado por uno de los aspirantes al cargo, fuentes del equipo de gobierno explicaron que, lógicamente, cuando se haya recibido, se pasará a los servicios jurídicos para su informe y se resolverá en un sentido o en otro.
La responsable legal de Podemos explicó que el error administrativo se produjo -al parecer por parte de la secretaria de la concejala- por haber transcrito parte del acta de la selección de candidatos que hizo el partido para ocupar la vacante de director general al escrito que se eleva a la junta de gobierno.
Díaz recordó que los directores generales son cargos de confianza, aunque deben cumplir una serie de requisitos en el caso de que no sean funcionarios. Entre ellos, deben tener estudios superiores y, además, acreditar experiencia en el campo del ejercicio del cargo. En este caso, en lugar de escoger a un candidato "amigo o cargo del partido" lo que se hizo fue una convocatoria pública para que se pudieran presentar las personas que quisieran.
Se presentaron más de 200 currículos, de los cuáles 51 pasaron la criba técnica y nueve de ellos fueron seleccionados. Se insiste en que, el finalmente nombrado, cumple los requisitos de idoneidad y experiencia profesional.
