El presunto delito de tráfico de influencia en el nombramiento del nuevo director general de Participación Ciudadana se habría cometido, según el asesor jurídico del recurrente, debido a la naturaleza y composición del tribunal se selección, que es el que escogió al candidato y elevó la propuesta a la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi (Podemos). Este tribunal estaba formado por la concejala de Participación, Eva Frade (Podemos), la directora general Lucia Segura, también de Podemos, y por Pere Duran, un cargo de este partido sin vinculación alguna con el Ayuntamiento.
De esta forma, se cree que "se maniobró" por parte de dos altos cargos del gobierno municipal para constituir un tribunal de selección "al margen de la legalidad del Ayuntamiento e integrado por miembros del partido sin mandato municipal alguno, con el objeto de nombrar a un compañero de partido que no reúne los requisitos para el cargo".
Por ello, el informe concluye que "si el tribunal de selección conocía, como parece, que el candidato no reunía los requisitos para el cargo, y, a pesar de ello, lo nombró con la finalidad de beneficiarse sobre la base de su relación personal o política con el partido Podemos, podrían haber incurrido sus miembros en la comisión de un delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 429 del Código Penal". Asimismo, teniendo en cuenta que los cargos de Podemos no pueden cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales y que el excedente -en este caso de más de 10.000 euros anuales- debe ser donado al partido y a causas sociales, se considera que el nombramiento de De Maria puede haber incurrido también en un delito de financiación ilegal, puesto que la "donación" no es voluntaria.
