Hace tan solo unos días se ha firmado el acuerdo de calendarización y puesta en marcha de la carrera profesional en la mesa sectorial del personal de servicios generales de la CAIB, finalizando otro de los conflictos surgidos a raíz de la suspensión de los acuerdos anteriores. Este acuerdo se sumaba al ya obtenido en la mesa sectorial de sanidad y al que se había suscrito en educación, después de dos años de conflicto.
No ha sido fácil llegar a un entendimiento con el actual gobierno autonómico, pues ambas partes han tenido que ceder en sus planteamientos iniciales para poder alcanzar los consensos necesarios. Esto solo ha sido posible desde el marco de la negociación y el diálogo, en los que CC OO ha participado y ha ratificado todos y cada uno de dichos acuerdos.
Diálogo y negociación, palabras que se perdieron en mayo del 2010, cuando el presidente Zapatero anunció el inicio de las políticas de austeridad que le recomendaron desde Europa. Las medidas, fruto de estas directrices, se tradujeron en un recorte del 5% del salario de los empleados y empleadas públicos y una reforma del mercado laboral fuera de todo consenso, siendo estas medidas contestadas con dos huelgas, una de ellas general en septiembre de ese año. Empezaba con ello una senda marcada por un fuerte contenido de ideología neoliberal.
El cambio de rumbo del Gobierno fue reforzado con sendas campañas de descrédito: por un lado hacia al sindicalismo en general, y a los sindicatos de clase en particular, con el objetivo de debilitar y mermar su capacidad de intervención y anular el diálogo social como herramienta necesaria con la que dar una salida de la crisis más justa y equitativa, y por otro contra los trabajadores públicos, enfrentándoles al resto de trabajadores y trabajadoras presentándoles como privilegiados, distorsionando, de este modo, la realidad sobre su necesidad.
En el fondo, la intencionalidad era desprestigiar los servicios públicos y presentarlos como un lastre, que solo podían tener continuidad con la intervención del capital privado y poder hacer caja con la sanidad, la educación y las prestaciones sociales con la finalidad de que el Estado quedase reducido a la mínima expresión y que su capacidad de intervención fuera muy limitada.
Primero en mayo, y después en noviembre, del 2011, con los cambios de gobiernos a nivel autonómico y central, se consolida el cambio con un nuevo impulso en las políticas de austeridad diseñadas bajo los preceptos neoliberales, que se traducen en Balears con la supresión del acuerdo de derechos sindicales, la suspensión de la ley de participación institucional, la suspensión del Consejo Económico y Social y del Consejo de la Juventud, el decreto de medidas urgentes, el cuestionamiento y la estrangulación económica Tribunal de Arbitraje y Mediación, entre otras. En el ámbito estatal se suspende la paga extra a los empleados públicos y se decreta una segunda reforma laboral que desequilibra las relaciones capital-trabajo, dejando muy mermadas las herramientas para la negociación colectiva, desprotegiéndose, de este modo, a la clase trabajadora. Y todo lo anterior, en un contexto de recortes en educación, sanidad, prestaciones, políticas sociales y devaluaciones salariales.
Han sido, y siguen siendo, años duros en los que la ciudadanía ha expresado su hartazgo y hastío, cuajándose una voluntad de cambio que se ha traducido en un nuevo Gobierno en Balears. Los primeros escollos con el nuevo Ejecutivo se han resuelto, pues eran lo urgente. Ahora toca lo importante: reclamar y exigir todos y cada uno de los derechos que nos arrebataron vía decreto ley, empezando por normalizar el diálogo y la concertación social. Para CCOO, estos derechos robados representan iconos de la imposición de la ideología neoliberal y, por tanto, su reconquista es, desde ahora mismo, nuestro objetivo prioritario.
(*) Secretario general de CCOO en Balears
