Tras varias semanas en las que Jaume Matas y Maria Antònia Munar, los aliados de la pasada legislatura, han protagonizado las primeras páginas de los periódicos con sus andanzas por los juzgados, parece que la información judicial ha vuelto su mirada atrás para rescatar el caso Plan Territorial, uno de los primeros casos de presunta corrupción de la pasada legislatura que llegaron a los juzgados. Parecía dormido y sin embargo, no lo estaba en absoluto y ahí está de nuevo, con las comparecencias ayer de algunos ex consellers y la citación para hoy, como testigo, de Rosa Estaràs. Y es que el caso Plan Territorial es muy especial, ya que entra de lleno en la que es la madre de todas las batallas de la política balear: el urbanismo o, más en concreto, la especulación urbanística, que no es exactamente lo mismo.

Las áreas de reconversión territorial (ART) que están siendo investigadas, y sobre las que se sospecha que pudo producirse un pelotazo de más de trescientos millones de euros, no son figuras de protección o de reconversión, ni nada que se les parezca, sino puro "urbanismo a la carta". Fueron, de hecho, la última artimaña, que bajo el pretexto de recuperar espacios degradados pretendía convertir en urbanizable suelo que nunca debería serlo. En la legislatura del Pacte de Progrés se levantaron algunas barreras proteccionistas que, tras el pacto Matas-Munar, iban a desaparecer (por ejemplo el golf de Son Bosc, que hoy vuelve a ser actualidad gracias a un repunte de aquel pacto PP-UM). Las ART formaron parte de la misma estrategia que trataba de burlarse de las leyes y normas proteccionistas para dar paso a los más variopintos intereses.

Los fiscales sospechan que tras las ART hubo un tráfico de influencias y posibles sobornos. En la causa están imputados los políticos del PP y UM que intervinieron en la fijación de estas áreas. Miquel Nadal, en libertad provisional, y el ex director general de Urbanismo del Govern, Jaume Massot, condenado y en prisión por el caso Andratx comparecieron ayer en calidad de testigos ante el juez y, como es norma en las últimas citas de políticos con los jueces, sus declaraciones no tienen desperdicio. Massot dirige sus dardos contra UM, directamente hacia Bartomeu Vicens, condenado en otra causa, que era el conseller insular del territorio y contra Miquel Àngel Grimalt, que fue jefe de Urbanismo del Consell en esta época. Según Massot, las ART eran de dudosa legalidad –y lo dice él que era especialista en bordear la legalidad– pero que se aprobaron porque así se había acordado desde arriba.

Miquel Nadal fue más lejos. Según él, las culpas hay que dividirlas a partes iguales entre UM y PP. Y quien dice PP y UM, dice Matas y Munar, que todo lo sabían y todo lo compartían. Como prueba Nadal aporta un dato: que Jaume Matas y Maria Antònia Munar compartían manteles quincenalmente y que en estas comidas lo decidían y repartían todo: plan territorial, infraestructuras y todo lo demás. Aunque, claro, tanto Munar ante el juez y Matas también en IB3 han dicho que ellos sólo hacían política, que suyas eran las decisiones políticas pero que el día a día y las irregularidades eran cosa de sus subordinados. Esperemos a ver lo que dice hoy Rosa Estaràs.