PEDRO VILLALAR
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, que es asimismo el líder de Iniciativa per Cataluña, ha dicho en voz alta lo que muchos pensamos: que, a estas alturas, lo mejor que puede hacer el Tribunal Constitucional es "dimitir en bloque para facilitar la renovación". Tales palabras han sido pronunciadas por Saura en calidad de líder de una fuerza política y no como miembro de la institución que gobierna Cataluña. La conminación de Saura llega poco después de que el líder de la oposición en el Parlamento catalán, Artur Mas, urgiera también al TC a poner fin al "esperpéntico" retraso de la sentencia del Estatut. Y es que resulta muy difícil de entender que las diez personalidades que deben dictaminar sobre la constitucionalidad o no del texto estatutario no entiendan que el retraso está teniendo efectos muy perturbadores para la estabilidad política de este país. Sobre todo si alientan la idea de desautorizar una norma que ya ha sido profusamente desarrollada y aplicada. Es improbable que los magistrados del TC atiendan a razones porque no querrán pasar a la historia por su impotencia e incapacidad jurídicas. Pero deberían percatarse de que, incluso en el terreno personal, esta falta de solvencia para acordar una decisión marcará para siempre a unos juristas que no aciertan a responder a la confianza que el sistema institucional depositó en ellos.
