Una alto cargo del PP controlará los casos pendientes de Anticorrupción

Una alto cargo del PP se encargará de todos los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Govern. La presidenta, Marga Prohens, ha colocado al frente de la jefatura de la Inspección de Servicios a Catalina Ferrer, hasta hace unas semanas ‘número dos’ de la conselleria de Vivienda y ex secretaria general de la conselleria de Presidència con José Ramón Bauzá, para que decida el futuro de los expedientes que aún están abiertos.

El Govern, además, adjudicó la plaza a Ferrer dos días antes de publicar la convocatoria. Tal y como se puede observar en los documentos oficiales a los que ha tenido acceso Diario de Mallorca, la actual secretaria general de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, María José Bauzá, rubricó la adjudicación de la plaza el 25 de marzo a las 11:21 horas de la mañana, a pesar de que no publicaron la convocatoria hasta el 27 de marzo.

El PP fulmina por ley la Oficina Anticorrupción que investiga la trama de Campos

Ferrer había dejado su cargo en la conselleria de Vivienda apenas unos días antes, el 22 de marzo con efectos a 1 de abril, y tan solo unos días después, concretamente el 25 de marzo, la secretaria general de Presidencia firma la adjudicación de la plaza, que no será pública hasta dos días después. Así, al día siguiente de dejar de trabajar oficialmente para Marta Vidal, Ferrer se convierte directamente en la Inspectora General de Servicios.

Todas estas fechas coinciden además con la fulminación definitiva del organismo por parte de PP y Vox porque la norma que eliminaba la Oficina se votó en el Parlament el día 26 de marzo. Es decir, el Govern nombra a Catalina Ferrer como Inspectora General el 25 de marzo, elimina oficialmente la Oficina Anticorrupción el 26 de marzo y convoca públicamente la plaza el 27 de marzo.

Según fuentes de la conselleria de Presidència, cuando se trata de plazas de libre designación que están dotadas pero no ocupadas se pueden ocupar con comisión de servicio para un máximo de dos años. Esto es, un nombramiento de carácter temporal mediante el que un funcionario que reúna los requisitos para ello desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del puesto de trabajo al que haya sido adscrito. «Cuando cumple los requisitos no es necesario hacer una convocatoria publica, sino que tienes 7 días hábiles para hacer pública la resolución», explica.

Sobre las investigaciones que están actualmente en marcha, alrededor de 200 denuncias, la ley aprobada por el actual Govern establece que se remitirán todos los expedientes a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la conselleria de Función Pública que dirige actualmente Antònia Maria Estarellas, que se encargará de enviarlos «al órgano que considere, a fin de que por estas se les dé la tramitación que legalmente proceda». Esto supone una derivación de todos los informes al ejecutivo para que decida qué se debe hacer con las investigaciones.

Estarellas aseguró ayer en el Parlament que «ella quiso concursar a esta plaza» en referencia a Ferrer, que se cubrió la plaza la semana pasada y que se trata de un cargo de libre designación y se debían tener toda una serie de requisitos de experiencia y acreditar conocimientos, a pesar de que los documentos acreditan que su conselleria adjudicó la plaza antes de que la convocatoria fuera pública.

El portavoz de Més per Mallorca, Josep Castells, interpeló directamente a la consellera al conocer la noticia avanzada por Diario de Mallorca: «Encuentro muy chocante que ustedes criticaban al exdirector de la Oficina Anticorrupción por haber sido alto cargo del PSOE y ahora ponen como responsable de tramitar todos estos expedientes a una alto cargo del PP».

Por su parte el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, denuncia este nombramiento: «Han puesto a la número dos de la consellera de Vivienda, Marta Vidal, como encargada de proteger al denunciante, informar de las incompatibilidades de Vidal, continuar los expedientes de la Oficina y tramitar la ‘trama de Campos’». La presidenta del Govern, Marga Prohens, se limitó a pedir «respeto por los funcionarios de carrera».