El Govern adjudicó la plaza antes de convocarla a la alto cargo del PP que liquidará los casos de Anticorrupción

El Govern de Marga Prohens adjudicó la plaza de Inspectora General a la alto cargo del PP dos días antes de hacer pública la convocatoria. Catalina Ferrer, que se encargará de todos los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Ejecutivo autonómico, obtuvo el cargo el pasado 25 de marzo a las 11:21 horas de la mañana, cuando la actual secretaria general de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, María José Bauzá, firmó la resolución, a pesar de que no publicaron la convocatoria hasta el 27 de marzo, esto es, dos días después.

Una alto cargo del PP se encargará de los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción

Según fuentes de la conselleria de Presidència, cuando se trata de plazas de libre designación que están dotadas pero no ocupadas se pueden ocupar con comisión de servicio para un máximo de dos años. Esto es, un nombramiento de carácter temporal mediante el que un funcionario que reuna los requisitos para ello desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del puesto de trabajo al que haya sido adscrito. "Cuando cumple los requisitos no es necesario hacer una convocatoria publica, sino que tienes 7 días hábiles para hacer pública la resolucion", explica.

Prohens ha colocado al frente de la jefatura de la Inspección General de Servicios a Ferrer, quien hasta hace unas semanas era la ‘número dos’ de la conselleria de Vivienda y ostentó la secretaría general de la conselleria de Presidència durante el mandato de José Ramón Bauzá.

Tal y como se puede observar en los documentos oficiales a los que ha tenido acceso Diario de Mallorca, Ferrer dejó su cargo en la conselleria de Vivienda apenas unos días antes, el 22 de marzo ―con efectos a uno de abril―, y tan solo unos días después, concretamente el 25 de marzo, la secretaria general de Presidencia firma la adjudicación de la plaza, cuya convocatoria no será pública hasta dos días después. Así, al día siguiente de dejar de trabajar oficialmente para Marta Vidal, Ferrer se convierte directamente en la Inspectora General de Servicios.

El PP fulmina por ley la Oficina Anticorrupción que investiga la trama de Campos

Todas estas fechas coinciden además con la fulminación definitiva del organismo por parte de PP y Vox. La cronología es clara: el Govern nombra a Catalina Ferrer como Inspectora General el 25 de marzo, elimina oficialmente la Oficina Anticorrupción el 26 de marzo en el Parlament y convoca públicamente la plaza el 27 de marzo.

Sobre las investigaciones que están actualmente en marcha, alrededor de 200 denuncias, la ley aprobada por el actual Govern establece que se remitirán todos los expedientes a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la conselleria de Función Pública que dirige actualmente Antònia Maria Estarellas, que se encargará de enviarlos «al órgano que considere, a fin de que por estas se les dé la tramitación que legalmente proceda». Esto supone una derivación de todos los informes al ejecutivo para que decida qué se debe hacer con las investigaciones.

La medida, que no formaba parte del programa del PP ni de su acuerdo de investidura con Vox, provocó la clausura del ente en un plazo máximo de 6 meses y cesó de manera fulminante, una vez se publicó la nueva ley en el BOIB, al director Tòfol Milán, situado en el centro de la diana por parte de los 'populares'. A principios de abril se hizo público que la Fiscalía mantenía abierta la investigación en torno al actual director general de Emergencias, Sebastià Sureda, por un supuesto caso de corrupción urbanística durante su mandato como concejal de Urbanismo en Campos.

Estarellas aseguró en el Parlament que Ferrer "quiso concursar a esta plaza", que se cubrió el puesto la semana pasada y que se trata de un cargo de libre designación para el que se debían cumplir toda una serie de requisitos de experiencia, además de acreditar conocimientos, si bien los documentos acreditan que su conselleria adjudicó la plaza antes de que la convocatoria fuera pública.

El portavoz de Més per Mallorca, Josep Castells, interpeló directamente a la consellera al conocer la noticia avanzada por Diario de Mallorca: «Encuentro muy chocante que ustedes criticaban al exdirector de la Oficina Anticorrupción por haber sido alto cargo del PSOE y ahora ponen como responsable de tramitar todos estos expedientes a una alto cargo del PP».

Por su parte el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, denuncia este nombramiento: «Han puesto a la número dos de la consellera de Vivienda, Marta Vidal, como encargada de proteger al denunciante, informar de las incompatibilidades de Vidal, continuar los expedientes de la Oficina y tramitar la ‘trama de Campos’». La presidenta del Govern, Marga Prohens, se limitó a pedir «respeto por los funcionarios de carrera».