El Consell de Mallorca ha decidido dar marcha atrás en la creación de una empresa pública para gestionar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de forma directa, anunciada a bombo y platillo por la consellera socialista Mercedes Garrido.

Informes técnicos y jurídicos han obligado a la institución insular a desestimar esta fórmula, ya que la llamada Ley Montoro impide poder subrogar los 114 trabajadores de la actual concesionaria. Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 aprobó un apartado donde se impedía la internalización de determinados servicios.

Esta situación provocaba que únicamente el Consell podía acoger a los trabajadores fijos de la empresa concesionaria, dejando en la calle a unos 40 empleados con contratos temporales y contratos de obras y servicio. De este modo, la prestación del servicio de la ITV quedaba en situación precaria y con más que probables listas de espera largas para inspeccionar los vehículos.

La opción elegida ahora para gestionar la ITV es mediante un contrato de servicios. Uno de los objetivos del Consell era conseguir que los más de cinco millones anuales de beneficio de la concesionaria revertieran en el servicio y así poder bajar la tarifa a todos los mallorquines que deben acudir para evaluar a su coche. Ahora, con la opción elegida, la gestión económica será del Consell y el servicio lo prestará una empresa subcontratada. La institución será la que cobrará la tasa y supervisará el servicio, mientras que la empresa contratada se encargará de prestarlo.

El actual contrato con la empresa concesionaria -General de Servicios ITV SA- expira en junio de 2018. Por ello, el pasado mes de abril el Consell de Mallorca anunció que se pondría a trabajar ya para crear la empresa pública y asumir el servicio, con la intención de continuar ofreciéndolo y la firme intención de rebajar los precios a los usuarios. Sin embargo, no contaban con que no se podría subrogar a los trabajadores y han optado por una fórmula intermedia.

Tanto Mauricio Rovira, portavoz del PP, como Antoni Amengual, conseller de El Pi, ya advirtieron al equipo de gobierno del Pacto de izquierdas de sus dudas sobre la viabilidad de crear una empresa pública para gestionar la ITV. En diferentes sesiones plenarias y en declaraciones públicas ambos dirigentes de la oposición así lo expusieron. Tanto el PP como en el Pi enumeran las constantes marchas atrás del Consell en sus anuncios a bombo y platillo: es el caso del túnel de Sóller, del plan de comercio y ahora la empresa pública de la ITV.

El Consell ya trabajaba a pleno rendimiento en el nacimiento del nuevo ente público. Prueba de ello es que en los presupuestos de la institución, que se aprueban el próximo lunes, hay fijada una partida de 800.000 euros para poner en marcha la empresa pública. El lunes, una vez aprobados, el propio equipo de gobierno del Pacto presentará enmiendas a sus cuentas para rectificar esta cuestión. Allí donde pone empresa pública se especificará con contrato de servicio.

Garrido explica la marcha atrás

La consellera de Territorio e infraestructuras del Consell, Mercedes Garrido, explicó los motivos de la marcha atrás con la creación de la empresa pública. "Ha sido una rectificación a medias", reconoció Garrido. La responsable insular comentó que "los dos principales motivos han sido que tanto la Ley Montoro cono la Ley de Presupuestos Generales del Estado no nos dejaba subrogar a la totalidad de trabajadores y tampoco a internalizar el servicio, por lo que la prestación del mismo no se podía garantizar por falta de personal".

La consellera Mercedes Garrido reconoció que la paralización de sus planes de crear una empresa pública le ha dado muchos quebraderos de cabeza durante el último mes. Sin embargo aseguró que este sistema permitirá que durante dos años los beneficios que hasta ahora se embolsaba la empresa concesionaria pasarán a rebajar la tarifa de los usuarios de la ITV. El contrato del servicio se adjudicará por dos años con opción a dos años más, ya que el Consell no quiere condicionar al equipo de gobierno de la próxima legislatura.