El grupo ecologista GOB señaló ayer que la vigilancia de los espacios protegidos de Balears no es suficiente y expone que la falta de intervención de agentes está generando una sensación de "impunidad" ante ilegalidades medioambientales. Los ecologistas reclaman duplicar el número de agentes medioambientales y dotarles de la condición de agentes de la autoridad, como si fueran policías.
Los fondeos de embarcaciones en posidonia, la circulación de caballos sobre dunas o el aparcamiento en zonas protegidas son acciones habituales que dañan "escandalosamente" el medio natural, criticó la asociación en una nota de prensa.
El GOB explicó que en el parque natural de S'Albufera solo se cuenta con un agente de medio ambiente y que, además, no tiene un dedicación exclusiva sobre esa zona. "Nunca en su historia ha tenido un nivel de vigilancia más bajo", advirtieron.
Lamentaron que esto se esté convirtiendo en una situación normal y recordaron que en otros momentos hubo hasta cuatro personas realizando tareas de vigilancia en S'Albufera.
También analizaron el caso de la Serra de Tramuntana, que durante los fines de semana cuenta con solo dos agentes para vigilar 63.000 hectáreas.
El GOB señaló que estos dos ejemplos corresponden a zonas que cuentan con el nivel más alto de protección de Balears y explicaron que en el resto de espacios de la Red Natura 2.000, que no son parques o reservas, "la situación es evidentemente mucho peor".
La organización ecologista señaló que la conselleria de Medio Ambiente solo otorga funciones de vigilancia e información a empresas privadas o a personal del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), pero creen que esto no es suficiente ya que estos trabajadores no tienen ningún poder judicial en caso de detectar una ilegalidad, sino que requieren la ayuda de un agente de la autoridad.
El GOB también señala que los agentes de Medio Ambiente de Balears vigilan el doble de superficie que sus homólogos de Canarias. El archipiélago balear también la presión demográfica es mayor que en Canarias, lo que se traduce en más daños sobre las áreas naturales protegidas.
