Conflicto en el aeropuerto

El sector discrecional denuncia largas colas de turistas en el aeropuerto por culpa del Govern

Las empresas cifran sus pérdidas en 500 euros por vehículo y día por no poder contratar en Son Sant Joan

02.06.2017 | 08:58
Representantes de las empresas del discrecional se concentraron ayer en el aeropuerto.

La denuncia

  • Palmesanos y turistas perjudicados

    La plataforma de empresas afectadas por el nuevo decreto del Govern asegura que entre los más perjudicados por la prohibición de que ellas puedan contratar sus servicios en el aeropuerto se encuentran tanto los turistas como los residentes en Palma.
    Al respecto, se apuntaron las grandes colas que durante la mañana de ayer se registraron en la parada de los taxis, que estos empresarios achacan a la escasez de vehículos que se ha provocado para atender a una demanda de clientes tan elevada.
    Además, se advirtió de que este exceso de trabajo está llevando a muchos más taxistas a centrar su actividad en Son Sant Joan, lo que implica dejar desabastecida a Palma de un servicio que resulta imprescindible para muchos residentes.

La Asociación de Transportistas de Balears (ATB) ha exigido la suspensión cautelar del nuevo decreto del Govern que regula esta actividad por considerar que vulnera de forma flagrante la legislación nacional y europea, al prohibir al transporte discrecional la contratación de sus servicios en el aeropuerto. Según los representantes de esta organización, este veto está suponiendo a estas empresas unas pérdidas de 500 a 600 euros diarios por vehículo, pero además está provocando que se formen grandes colas de turistas junto a la parada de taxis en Son Sant Joan, al no ser suficiente el número de vehículos para atender la demanda existente.

Una decena de representantes de empresas afectadas por la citada medida se dieron cita ayer en la zona de llegadas del aeropuerto para expresar su malestar y defender ante el personal de la Inspección de Transportes que se encontraba controlando la zona que la nueva legislación autonómica es incompatible con la nacional. Al respecto, se destacó que mientras que el Govern no exige a las empresas del transporte discrecional disponer de una oficina para su constitución, en cambio sí la reclama ahora para poder realizar las contrataciones. Otro reproche de los afectados: a ellos se les impide captar clientes en las instalaciones de Son Sant Joan, mientras que el Govern sí ha contratado a personas para que informen allí de los nuevos autobuses que conectan estas instalaciones con algunas de las principales zonas turísticas de Mallorca, lo que se califica como una evidente discriminación contra las empresas del discrecional.

El portavoz de la citada asociación, Bartolomé Sabater, aseguró que se van a tomar todas las iniciativas legales necesarias para dar marcha atrás al citado decreto, pero lamentó que muchas empresas del discrecional se estén viendo obligadas ya a despedir a conductores por falta de trabajo. Además se destacaron las fuertes inversiones realizadas para poner en marcha las empresas y las deudas adquiridas, un dinero que "ahora puede acabar en la basura".

Sin contactos con el Govern

Sabater acusó al conseller de Movilidad, Marc Pons, de haber aplicado un cambio en la normativa con una urgencia excepcional (el decreto se aprobó el pasado viernes y se publico en el BOIB el sábado), sin haber mantenido el menor contacto con las empresas afectadas y actuando únicamente a las órdenes de los taxistas.

Además, rechazó el calificativo de ´piratas´ que se les asigna, dado que se trata de transportistas que cuentan con las autorizaciones necesarias para el desarrollo de su trabajo, según pusieron de relieve. En su opinión, ese término debería asignarse solo a aquellos vehículos particulares que prestan servicios de transporte sin contar con la menor autorización para ello.

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