La gestión realizada por la promotora de viviendas de la UGT balear y cuya fallida ha dejado al sindicato en una grave situación financiera estuvo plagada de irregularidades, según se destaca en el informe elaborado por el administrador concursal fijado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, que además cifra el déficit patrimonial de esta empresa en 767.041 euros. Y en este sentido, se destaca el evidente trato de favor que se dio a la Constructora Cavi para que pudiera cobrar incluso por encima de los honorarios previstos en el acuerdo inicial, en detrimento de los intereses del propio sindicato.
Tal y como ha venido informando Diario de Mallorca, la promoción de 60 viviendas de protección oficial en la calle Honderos para las que luego no se pudieron encontrar compradores ha dejado a la UGT balear al borde del colapso financiero, y aunque sus responsables han venido señalando que lo más grave de esta crisis ya se ha superado, fuentes internas reconocen que la situación en que ha quedado esta organización dista mucho de ser optima.
La fallida de la empresa promotora creada por UGT (Habitatges i Serveis de les Illes Balears) para la edificación de estos pisos de Honderos junto a otro proyecto más pequeño en la calle Primavera terminó en concurso de acreedores, lo que hizo que la empresa pasara a ser administrada por una persona nombrada por el juez.
El informe elaborado por este administrador concursal reconoce que la promoción de estas viviendas se vio seriamente perjudicada por un cambio en la normativa sobre los inmuebles, tal y como alegó en su momento el que fuera el principal responsable de dirigir esta iniciativa y exsecretario de Organización de UGT-Balears, Miguel Angel Carlos.
En concreto, el informe entregado al juez admite que durante la ejecución de las obras se cambio el Real Decreto que regulaba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, con la desaparición de una ayuda económica directa a los compradores, lo que obligaba a éstos a hacer un mayor esfuerzo económico al abonar la entrada del 20% del valor del inmueble. La segunda modificación suponía que las viviendas protegidas se quedaban solo con las ayudas autonómicas. Eso provocó que muchos posibles compradores finalmente desistieran de hacerse con esos pisos.
Aunque el administrador concursal reconoce que estos hechos son reales, advierte de que estos problemas se vieron enormemente agravados por otras decisiones adoptadas por Miguel Angel Carlos que hicieron aun más difícil cumplir con las obligaciones de pagos por parte de la empresa promotora de UGT y que derivaron en su concurso de acreedores.
Estas actuaciones pasan principalmente por el trato de favor que se dio a Construcciones Cavi. Esta última empresa fue además la que eligió a los profesionales y proveedores que participaron en la edificación de estas viviendas, y a cambio de su trabajo debía de percibir por los pisos de la calle Honderos 856.796 euros a pagar en 24 meses más una cantidad variable dependiendo del beneficio que se obtuviera con la venta de estos inmuebles. En el caso de la calle Primavera, el acuerdo era pagar a Cavi 399.639 euros en 12 meses más una variable según beneficios.
Cambios en los contratos
Pero en 2011, cuando ya se percibía que el mercado inmobiliario estaba en crisis y que iba a ser difícil vender los pisos protegidos, se modificaron esas condiciones en beneficio de la constructora, al sustituir esa cantidad variable de la calle Honderos por 700.000 euros, lo que suponía elevar el pago acordado hasta algo más de 1,5 millones de euros en esta promoción. Respecto a la de la calle Primavera, la cantidad que debía depender de unos beneficios que ya se veían como inexistentes pasa a cuantificarse en 157.500 euros, lo que supone para Cavi pasar a recibir 557.139 euros.
Al tener que pagar a Cavi más de lo inicialmente previsto (dado que algunas cantidades dejaron de depender de que el piso se vendiera) el valor de los inmuebles se elevó, lo que hizo aún más difícil venderlos, según se señala en el informe. Estos pagos comprometieron aún más la liquidez de la promotora de UGT ahora en concurso de acreedores, ya que la mayor parte de sus fondos durante 2012 y 2013 se tuvieron que utilizar para pagar a Cavi.
Además, se ha comprobado que la promotora de UGT hizo pagos a profesionales que tenían que haber sido asumidos por Cavi.
En el informe se cuestionan fallos en la contabilidad de la promotora, como el que no consten libros contables legalizados o el que solo se hayan registrado las cuentas anuales hasta 2011.
Hay que recordar que la quiebra de esta empresa ha dejado a la UGT con un agujero que algunas fuentes internas han cifrado en cerca de dos millones de euros, incluida la pérdida de unos fondos de inversión que tenía el sindicato y que se han cifrado alrededor del millón de euros.
