El sindicato UGT-Balears se embarcó en la edificación de viviendas de protección oficial en contra de la opinión de su secretario general estatal, Cándido Méndez, que desaconsejó que la organización de las islas hiciera de promotor inmobiliario en lugar de limitarse a las acciones tradicionales de una organización sindical. Sin embargo, diferentes fuentes de UGT admiten que el proyecto era ilusionante: desarrollar pisos protegidos para sus afiliados y familiares, de forma que éstos pudieran acceder a un inmueble con un precio ajustado y al mismo tiempo conseguir que el sindicato contara con una nueva fuente de financiación en un momento en el que se preveía un fuerte recorte de las ayudas públicas .
En estos momentos, nadie oculta que esta aventura fue un error que ha comprometido financieramente al sindicato, tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado miércoles, al haber conllevado para él unas pérdidas que se estiman en unos dos millones de euros. Pero a la hora de asignar responsabilidades en torno a este fiasco (hay 60 viviendas que no se han podido vender ni terminar y la promotora de UGT está sujeta a un concurso de acreedores instado por las empresas proveedoras a las que se adeuda casi medio millón de euros, según se informa desde el sindicato), se pone en evidencia la existencia de bandos mal avenidos en el seno de la UGT balear. Fuentes próximas a la actual dirección admiten que el sindicato va a tener que responder por su "error político" de embarcarse en un proyecto inmobiliario fallido, pero se afirma que también habrá que analizar si existen otro tipo de responsabilidades por la gestión realizada en el seno de esta empresa.
Respaldo unánime en Balears
El que fuera administrador único de la promotora Habitatges i Serveis de ses Illes Balears (dimitió el pasado lunes) y exsecretario de Organización del sindicato, Miguel Angel Carlos, defiende su gestión y recuerda que esta empresa se creó en 2009 con el beneplácito de la comisión ejecutiva que entonces encabezaba Lorenzo Bravo. Tanto Carlos como Bravo reconocen las reticencias de Méndez al proyecto, pero destacan que en la organización balear la idea de constituir una promotora propia recibió un respaldo unánime.
No fue hasta 2012 cuando comenzaron a aparecer las primeras voces críticas con esta iniciativa, encabezadas por el secretario general de UGT-Hostelería, Antonio Copete, aunque personas próximas a Carlos y Bravo defienden que ese rechazo estaba vinculado a las diferencias que existían entre estos dos dirigentes y el responsable de Hostelería. Sin embargo, la versión que se da desde el entorno de Copete es bien diferente: las críticas de éste se basaban en su convencimiento de que un sindicato debe de defender los derechos de los trabajadores y no embarcarse en aventuras empresariales. "Zapatero a tuer zapatos", se señala.
Miguel Angel Carlos rechaza las críticas que durante los últimos días se han lanzado contra él, y además cuenta con el respaldo de Lorenzo Bravo. Ambos señalan que el fracaso en la promoción de los 60 pisos de la calle Antoni Ribas se debe exclusivamente a los recortes que el Gobierno central aprobó para la compra de viviendas protegidas y a la decisión de la banca de no conceder créditos a los posibles compradores de los inmuebles. Como ejemplo, se apunta el caso de una enfermera con un salario de 2.200 euros mensuales a la que se denegó la hipoteca alegando que era interina.
Al perder a los posibles compradores (la promoción estaba destinada a los afiliados y a sus familias), no se consiguió la fondos para pagar las deudas y terminar los trabajos. Y ahí nació el problema, dado que el banco que había aportado financiación para su desarrollo se negó también a ampliar el crédito.
Miguel Angel Carlos afirma que buscó empresas que estuvieran interesadas en comprar esos inmuebles inacabados, ante lo que recibió cuatro ofertas, destacando una del que denominaron como "grupo alicantino", que según el exadministrador, de haberse formalizado, hubiera comportando incluso beneficios para UGT y permitido saldar las deudas. Esta propuesta fue remitida a la confederación estatal, que según Carlos la rechazó de forma "incomprensible".
Pero desde la actual dirección se alega que los servicios jurídicos contratados por UGT analizaron esa oferta y optaron por descartarla al considerar que los riesgos que conllevaba eran excesivos, y se cuestiona con dureza el papel de Carlos en este apartado.
En cualquier caso, Miguel Angel Carlos admite que UGT-Balears avaló la promoción con algo más de un millón de euros que podría recuperar tras la venta de los pisos, a lo que se suma el que se pidieran prestados 450.000 euros a la confederación estatal de UGT, y el que el sindicato balear tuviera que aportar además cerca de medio millón más para poder cubrir facturas de proveedores, lo que suma el agujero de dos millones de euros que se han venido apuntando desde esta organización. Al entrar la promotora en concurso de acreedores, se da como seguro que UGT no podrá recuperar este capital.
Fuentes próximas a la dirección aseguran que el sindicato saldrá adelante, pero reconocen que su labor se va a tener que centrar de forma casi exclusiva en los servicios a los afiliados, y que no se van a poder asumir otros proyectos, como los de formación, al no contar ya con reservas económicas para adelantar gastos hasta que se consigue cobrar de la Administración.
Pero mientras que Bravo y Carlos denuncian que se quiere convertir a éste último en el "chivo expiatorio", otros advierten de que se va a tener que analizar si la gestión que realizó fue correcta. En cualquier caso, diversas fuentes afirman que este caso ha sacado a la superfie el enfrentamiento interno existente en UGT entre federaciones como la de Hostelería y Servicios Públicos, que se evidenció durante el último congreso.
