De manera mucho más educada y comedida que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el escrito de los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva critica con severidad la labor instructora del juez José Castro en relación a la Infanta. Los defensores acusan al instructor de vulnerar los derechos fundamentales de su clienta al mantenerla imputada porque no dio suficientes explicaciones durante su declaración de febrero pasado y califican de caso único en el derecho español la acusación por delito fiscal al socio de una empresa que no es administrador de la misma.
Si Pedro Horrach llegó a insinuar que el instructor ha prevaricado a la hora de investigar a la duquesa de Palma y de orillar los elementos que la exculpan, Roca y sus colegas hablan de "la pretensión de mantener (por el juez) a toda costa la imputación de nuestra mandante".
El recurso censura de forma repetida al magistrado el haber cambiado de opinión respecto a los indicios contra la Infanta, a la que en un primer auto en 2012 exculpó, sin que de las pesquisas hayan aparecido nuevas pruebas.
Ese supuesto afán de perseguir a la encausada se habría traducido en "indicios de criminalidad que en su día se consideraron insuficientes -o incluso exculpatorios- por el propio instructor ahora sean valorados en sentido incriminatorio".
Los abogados también se quejan ante la Audiencia de que "la declaración exculpatoria de nuestra defendida parece haberse convertido -en ausencia de mejores indicios- en la principal razón para mantener su imputación".
El recurso atribuye a José Castro "el realizar denodados esfuerzos interpretativos para atribuir la responsabilidad de control en una sociedad a un mero socio y a contradecir la constante praxis forense sobre el particular".
Inusual
Las defensas recalcan que el atribuir delitos fiscales a un socio no gestor "es absolutamente inusual" en España y apostillan que en casos iguales al de la Infanta "la Agencia Tributaria jamás impulsa acción penal, ni la administrativa sancionadora".
El bufete Roca se sorprende por la postura de Castro respecto al papel capital de Cristina de Borbón en Aizoon: "no logra advertir esta defensa las razones que han llevado al magistrado instructor a cambiar de opinión en ese punto, cuando, con posterioridad ni un solo documento o informe pericial, han implicado a doña Cristina en la gestión contable de la sociedad".
Pero las palabras más duras contra el magistrado se vierten al hablar de la lectura que éste hizo de los silencios, negativas y evasivas de la duquesa de Palma durante su declaración. Castro interpretó esa postura como un refuerzo de sus sospechas sobre la imputada, pero los abogados le acusan de "querer imponer a los imputados cargas absolutamente inaceptables para nuestro derecho penal".
