Una vez concluya la temporada turística a finales de este mes, todas las expectativas están puestas en las obras de reforma y modernización que los negocios turísticos puedan poner en marcha a partir de noviembre. Para evitar que estas inversiones se inclinen en favor de la economía sumergida, Govern e Inspección de Trabajo van a poner en marcha una campaña de vigilancia para detectar aquellos proyectos que se ejecuten de forma irregular. Esta iniciativa será abordada el próximo día 16 en la comisión territorial en la que se coordina la actuación de ambos departamentos, una reunión a la que acudirá el conseller de Economía, Joaquín García, según se ha confirmado desde su departamento.
Desde esta Conselleria se señala que esta iniciativa se toma tras las reiteradas denuncias realizadas desde la patronal de constructores de Balears, que ya durante el invierno pasado comenzaron a detectar la ejecución de obras de reforma en negocios turísticos por parte de empresas que actuaban de forma irregular, ya sea por no dar de alta a sus trabajadores o incumplir las condiciones del convenio. Estas acusaciones fueron respaldadas por los sindicatos.
El temor radica en que esta tendencia se acentúe durante un invierno en el que el sector hotelero ha asegurado su intención de realizar importantes inversiones para mejorar sus establecimientos.
Según se ha señalado desde la conselleria de Economía, la próxima semana se fijará una reactivación de las labores de control sobre el conjunto de la economía sumergida, pero haciendo hincapié en el sector de la construcción, con el objetivo de que esta campaña se ponga en marcha ya en el mes de noviembre. Además, tanto desde la Inspección como desde el propio Govern se ha destacado su intención de dar más peso al sector del ladrillo a la hora de fijar los objetivos de la inspección laboral para 2014.
El conseller de Economía, Joaquín García, ha expresado también su deseo de poner en marcha actuaciones en las que puedan participar tres administraciones: además del Govern (que tiene competencias vinculadas a la prevención de riesgos laborales) y de la Inspección de Trabajo que depende del Gobierno central, se plantea la colaboración de los Ayuntamientos. Sobre este último punto, desde la patronal de constructores se ha venido destacando el papel de vigilancia que los celadores y las policías locales pueden jugar a la hora de detectar obras ilegales, o de la Agencia Tributaria para perseguir el impago de impuestos que estas actividades irregulares conlleva.
La intensificación de esta vigilancia fue abordada también durante la reunión que responsables de la patronal Caeb mantuvieron el pasado martes con la nueva jefa de la Inspección de Trabajo en las islas, Rosario Mora. Los representantes de los constructores valoraron la predisposición que encontraron en ella a la hora de luchar contra las citadas prácticas ilegales.
Un aspecto que se considera fundamental a la hora de combatir la ejecución de proyectos de reforma en el ámbito de la economía sumergida es el de las denuncias que puedan proceder de personas que detecten la realización de estos trabajos, según se destacó desde la Conselleria. En este aspecto, los sindicatos ya han anunciado su intención de incrementar la vigilancia en relación a estos temas, siguiendo el ejemplo de la campaña de denuncias que durante este verano han puesto en marcha en relación a las contrataciones irregulares en la hostelería, como en el caso de los becarios.
