Ni la suspensión temporal de la huelga de docentes ni la ausencia del president José Ramón Bauzá, quien se encontraba en Bruselas, rebajaron la crispación entre Govern y la oposición en el pleno del Parlament de ayer, con la consellera de Educación, Joana Maria Camps, en el punto de mira de PSOE y Més. Camps tuvo que responder a una batería de preguntas por el conflicto educativo, gran parte de ellas centradas en las acusaciones de elaboración de listas con los alumnos que no han acudido a los centros mientras ha durado la huelga. "Desde la Conselleria no se ha hecho ningún tipo de listas, ni blancas ni negras", replicó Camps a la socialista Cristina Rita, quien le insistió en este asunto.

Conforme avanzaban las preguntas de los diputados del PSOE y Més, la tensión fue en aumento hasta llegar a su extremo cuando le llegó el turno al portavoz de Més, Biel Barceló, quien aseguró que en la escuela a la que asiste su hijo "los inspectores fueron aula por aula, etapa por etapa, para ver qué alumnos faltaban" ya que, según sostuvo, habían recibido "órdenes" de la Consellería en este sentido".

En medio de abucheos de la bancada popular, Barceló pidió de nuevo la dimisión de Camps y del secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, y acusó al Govern de mantener en este conflicto una actitud "caciquil e intimidatoria". Al igual que previamente habían afirmado diputados del PSOE, puso como ejemplo de sus acusaciones la presencia de Policía Local y Guardia Civil a las puertas de algunos centros. "Si estro fuera Corea del Norte o Marruecos se entendería, pero está pasando aquí", dijo Barceló en referencia a esta "actitud intimidatoria" y "amenazas".

"Este Govern no ha hecho ninguna amenaza", replicó Camps mientras desde su escaño Barceló le hacía gestos insistiéndole en que los inspectores acudieron al colegio de su hijo. La consellera acusó al líder de Més de utilizar el TIL para "crispar" ya que "no les interesan los alumnos, sino debilitar al Govern para ganar las elecciones". Barceló, quien ya no tenía turno de réplica, lanzó desde su escaño calificativos como "dictadores", dirigiéndose al Govern, mientras diputados del PP le acusaban de "falta de vergüenza" y de lanzar acusaciones "salir en la foto". La presidenta de la Cámara, la popular Marga Duran, llamó en varias ocasiones la atención al portavoz de Més por hablar sin tener el uso de la palabra, mientras los diputados de la coalición colocaban sen sus escaños fotografías de la manifestación de hace dos domingos con la palabra ´dimisión´ impresa.

Antes, durante varias preguntas, la consellera había acusado a la oposición de "inventarse cosas y luego crear una historia sobre eso", en referencia a las acusaciones de elaboración de listas negras. Además, agradeció a los padres que "han cumplido con su obligación y han llevado a los niños a la escuela" durante las tres semanas de huelga de docentes. Tras insistir en que "la mayoría de la población quiere el trilingüismo", reiteró que seguirá negociando para alcanzar un acuerdo con los docentes en cuanto a "cómo" aplicar el TIL, pero dejó sin aclarar si está dispuesta a ceder en algo.

Camps también se enfrentó duramente con la diputada socialista Esperança Marí, quien criticó la "improvisación" de la Conselleria ante el inicio del curso en las escuelas oficiales de idiomas, que supuso que "2.200 alumnos repartidos en 74 grupos" no tuvieran profesores al comenzar el curso al haber pasado de 1.000 a 10.000 los alumnos. Además, sostuvo que algunos de los profesores no tienen la suficiente preparación como para enseñar inglés a adultos. La consellera afirmó que el curso en las escuelas de idiomas "empezó con normalidad" y acusó a Marí de faltar al "respeto" y a la "honorabilidad" de los profesores por poner en duda su preparación.

Mientras, Bauzá afirmaba desde Bruselas, donde se encontraba para participar en la sesión plenaria del Comité de Regiones de la U, que el Govern "iniciará sanciones contra cualquier empleado público que no cumpla la ley", por voluntad propia, en referencia a la aplicación del TIL, según informó EFE. "Cualquier Gobierno ejecuta o inicia sanciones contra cualquier empleado público que no actúa conforme a la ley", insistió Bauzá. "Es una cuestión de legislación, de legitimidad y de hacer las cosas bien; no se puede premiar al que hace las cosas mal", concluyó.