La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha registrado hoy dos escritos en los Juzgados de Palma solicitando la suspensión de los dos primeros desahucios que alegan cláusulas abusivas basándose en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la semana pasada.

La portavoz de PAH Mallorca, Ángela Pons, ha manifestado su esperanza de que los jueces respalden ambas peticiones y ha declarado a las puertas de los Juzgados de Sa Gerreria que considera el día de hoy una fecha importante para la entidad que lidera "porque es el comienzo de la paralización de muchos lanzamientos gracias a esta sentencia".

El abogado de PAH Mallorca, Carlos Hernández, ha explicado que las dos peticiones de suspensión de hoy se basan en la aplicación de la sentencia del tribunal de la UE que consideró contrarias a la legislación europea de protección de los consumidores las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca.

"Consideramos que la sentencia supone la nulidad de todos los procesos de ejecución hipotecaria o al menos la suspensión hasta que no haya una ley que se adapte a la normativa comunitaria", ha afirmado Hernández.

Uno de los casos cuya paralización se ha pedido hoy corresponde a Gabriel Rotger, que ya tenía fijada fecha de desahucio para el 4 de abril del domicilio donde vive con sus padres, dos personas ancianas.

La cláusulas abusivas alegadas para los dos casos de hoy han sido, para uno de ellos unos intereses de demora del 18 % y para el otro del 24 %, así como la existencia de cláusula de suelo en ambos, pero el abogado de la PAH ha señalado que podrían haber alegado más, porque los contratos incluyen otras.

Si las peticiones de hoy fueran rechazadas, PAH Mallorca solicitaría el amparo del Tribunal Constitucional, pero el abogado considera que no será necesario ya que "los jueces de Baleares se han mostrado especialmente sensibles respecto a las ejecuciones hipotecarias desde hace varios meses", como demuestra que los de la Audiencia de Palma ya hayan acordado suspender de oficio las ejecuciones si el deudor denuncia abusos contractual.

Hernández ha subrayado que "en todas las hipotecas hay cláusulas abusivas" (han detectado casos con intereses moratorios del 29 % y cláusulas suelo de hasta el 6 %) y ha añadido que "lo correcto y oportuno sería que hubiera una suspensión inmediata y que los jueces tuvieran esta capacidad de oficio, sin necesidad de que el consumidor tenga que alegar".

El abogado ha recordado que según el informe "Efectos de la crisis sobre los órganos judiciales" del Consejo General del Poder Judicial, en el primer semestre de 2012 hubo unos 1.500 procesos de ejecución hipotecaria en Baleares, con lo cual en todo el año "fueron unas 3.000".