Los agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que investigan este nuevo caso de corrupción política, acusan a una alta directiva de Melchor Mascaró, a la que ayer llamaron a declarar como imputada, de firmar un contrato con Emaya para la recogida de basuras por valor de tres millones de euros, e investigan si la empresa municipal obligó a Mascaró a comprar contenedores a Juan Pocoví, detenido en la primera fase de la operación, para distraer comisiones.
Los investigadores han constatado las numerosas compras sobrevaloradas que realizó la empresa municipal Emaya en la etapa dirigida por Unió Mallorquina. Muchas de estas compras salían a concurso público, pero casualmente siempre se elegían a las mismas empresas que tenían una estrecha vinculación con Unió Mallorquina.
Este caso se inició al descubrirse que el Ayuntamiento de Palma había pagado casi el doble del valor real en la compra de los contenedores subterráneos que se instalaron para la recogida subterránea de basura.
En la segunda fase de la operación Ossifar, que se inició ayer, estaba previsto que se tomara declaración a, al menos, siete personas.
Cabe recordar que en la primera fase de la operación fue imputada Marilén Tortella, exgerente de Emaya, a la que Chacártegui ha implicado.
