La Audiencia de Palma ha dictado un auto disponiendo que el doctor Cristóbal Pizá, uno de los exmayores accionistas de la Policlínica Miramar de Palma, sea juzgado por una presunta apropiación indebida de fondos de dicho centro hospitalario en perjuicio de otro de los antiguos propietarios, Pau Ramis, también médico. Ramis, representado por Fernando Mateas,pide para Pizá una pena de 5 años de prisión y el abono de una indemnización superior a 1,5 millones de euros.

Los hechos que serán objeto de juicio oral se derivan de una de las querellas más antiguas que se dirimen en los juzgados de Palma y que obedecen al cruce de acusaciones mutuas entre accionistas de la Policlínica Miramar. En 2006 Ramis denunció a los dos mayores socios y gestores de la clínica, Pizá y Miquel Dalmau, ya fallecido.

Ambas partes –Ramis y Dalmau-Pizá- ya mantenían en la jurisdicción civil pleitos por diferencias en el reparto de beneficios y sobre la distribución de los ingresos y gastos. La denuncia de 2006, que fue instruida por el juez Miquel Florit, fue el pisoletazo de salida para otras acusaciones por delitos societarios, fiscales, falsedades y apropiaciones indebidas, de las que Ramis ha sido recientemente exculpado.

La muerte de Dalmau ha dejado a Pizá como el principal imputado de algunos de estos delitos. Ahora, y tras muchos avatares procesales, la Audiencia ha ordenado que el doctor Pizá sea llevado a juicio. La fiscalía, representada en este pleito por el fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, no acusa al médico.

La Audiencia ha tenido en cuenta nuevos informes periciales aportados al sumario, que refuerzan los indicios contra Pizá.

Según la acusación, Pizá y Dalmau, como máximos gestores de Ameba, la sociedad principal del grupo Policlínica Miramar, ordenaron que se no se pagaran a Ramis numerosos servicios prestados por el departamento de Medicina Interna, un área regida por el querellante.

Ameba, según el escrito de acusación, cobraba los servicios a los pacientes y , desde septiembre de 2005, en vez de abonar las oportunas cantidades a Ramis, las habría desviado a su propio patrimonio. La cantidad presuntamente desviada ascendería a casi1,5 millones de euros, más los oportunos intereses.

Ramis era hasta hace unas semanas uno de los principales imputados en un sumario por delito societario en la clínica privada que instruye el juzgado número 10 de Palma. La magistrada Carmen Abrines dictó un auto, a petición de la defensa de Ramis, sobreyendo la causa contra él.

En dicho auto se declara que el centro hospitalario durante años llevó una contabilidad y unas finanzas de una forma enrevesada y mendaz, dado que existían dos contabilidades la A (declarada a Hacienda) y la B (en dinero negro).

La juez, tras analizar los diversos, y contradictorios, informes periciales aportados al sumario por los expertos de cada parte y por los peritos designados por el juzgado, ha exculpado totalmente a Pau Ramis de los delitos imputados.