La juez de instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, ha abierto juicio oral (pase a procedimiento abreviado) contra el ex conseller de Comercio e Industria en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados en el caso Scala, la presunta trama de expolio organizado del consorcio público CDEIB. La juez da pie a la fiscalía anticorrupción y al actual Govern a formular sus escritos de acusación, que para los principales imputados podrían suponer peticiones de condena próximas a los 25 años de cárcel.
La magistrada Piedad Marín ha estudiado a fondo el voluminoso sumario en las últimas semanas y ha dictado un auto de casi 200 folios, donde refleja con minuciosidad los hechos que ella estima delictivos.
Básicamente, la juez desgrana en su relato cómo Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados.
Los otros encausados que serán juzgados en este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y sobrino político del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; S.P.J.; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, no se reprimen a la hora de calificar a los principales encausados, con el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona, a la cabeza, de "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas". El presunto botín ascendió a 3,7 millones de euros; los acusados causaron, presuntamente, otro quebranto de 3,3 millones de euros de los sobrecostes que el Govern tuvo que pagar por sobrasadas, quesos y otros productos con denominación de origen, así como por todo tipo de servicios contratados a las empresas del entramado. En total, 7 millones de euros.
Sensación de impunidad
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos públicos". Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".
