"Si nos quitan la casa, nos quitan los recuerdos de toda una vida". Francisco y Magdalena Hernández tienen 78 y 74 años respectivamente y comparten techo con dos hijos, un yerno y un nieto. Su residencia es una de las que pueden ser demolidas a causa de la ampliación del segundo cinturón de Palma que promueve el Consell de Mallorca. Un hecho que alcanza un tinte especialmente dramático para muchas de las familias afectadas a causa de su elevada edad.
Los propios vecinos no se ponen de acuerdo sobre el número de afectados por las expropiaciones previstas en el tramo comprendido entre las carreteras de Sóller y Valldemossa, aunque barajan cifras que se mueven entre los 12 y los 14. Pocos en número pero dispuestos "a todo" para no perder las viviendas en las que muchos de ellos han criado a todos sus hijos y ahora reciben ya las visitas de sus nietos. Por ello, han creado una plataforma contra las características del proyecto de Vía Conectora, que hoy será presentada bajo el eslogan Així no.
Uno de sus portavoces y presidente de la asociación de vecinos de Son Sardina, Tomás Balaguer, advierte que el problema radica en que este proyecto de prolongación del segundo cinturón ha adquirido finalmente "dimensiones desproporcionadas, con una futura rotonda en la carretera de Sóller en la que cabe un campo de fútbol". Por ello, se señala que la lucha no es contra la mejora del Camí dels Reis ni contra el carril bici que se prevé a su lado, sino que el objetivo es limitar su impacto y hacerlo "más humano". Para promover este cambio de planteamientos, ya se ha solicitado una entrevista con la presidenta del Consell, Francina Armengol.
El director insular de Carreteras, Ernesto Santamaría, considera que esta indignación vecinal es prematura. Aunque el diseño global de la denominada Vía Conectora ya se ha presentado públicamente, el proyecto en ese tramo todavía no está aprobado. Al ser el Camí dels Reis una vía urbana, el Consell está a la espera del informe del Ayuntamiento, ya que no se puede hacer nada sin su visto bueno, y también se necesita una comunicación favorable por parte de la conselleria de Medio Ambiente.
Santamaría señala que previsiblemente la aprobación inicial de esta obra podría darse durante los próximos meses de marzo o abril, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública en el que los vecinos podrán presentar las alegaciones que crean pertinentes. "Y si nos hemos equivocado, siempre podremos rectificar", asegura.
En cualquier caso, admite que no se puede desarrollar una reforma viaria de esa envergadura sin afectar a algunas personas, "y de lo que se trata es de que sean convenientemente compensadas". Pero recuerda el enorme tráfico existente entre los polígonos de Son Castelló y Can Valero, "que el hospital de Son Espases ha venido a agravar", por lo que defiende la necesidad de aplicar las reformas previstas para desdoblar esa vía.
Hay que recordar que la institución insular tiene previsto destinar 15 millones de euros para pagar todas las expropiaciones previstas para el desarrollo del conjunto del proyecto de ampliación del segundo cinturón, desde el Coll d´en Rabassa hasta Can Valero, aunque se ha matizado que en la mayoría de los casos el suelo afectado es rústico y no tiene impacto sobre viviendas.
"¿Dónde vamos a ir? No podemos vivir bajo un puente"
Bartolomé Hernández y María Sampol tienen 78 y 75 años respectivamente y llevan 50 viviendo en el número 413 del Camí dels Reis, al que fueron a vivir recién casados y donde han criado a sus tres hijos. Y su casa es una de las que debe ser derribada. "¿Dónde vamos a ir a nuestra edad? No podemos vivir debajo bajo un puente", se lamenta él. Pero su esposa es rotunda al afirmar que "llegaremos hasta donde haga falta para que no nos quiten nuestra casa".
Bartolomé Hernández no oculta que está dispuesto a aceptar "el mal menor". "Podemos aceptar que nos quiten un par de metros del terreno, pero no la casa", y afirma también que de momento nadie les ha informado sobre la indemnización que podrían recibir
"Mis hijos me han dicho que me colocarán en sus casas"
Mercedes Porcel nació en Argentina hace 84 años, pero a la edad de cinco se trasladó con sus padres a Almería, más tarde a Granada, y hace 40 viajó a Mallorca con su marido y sus cinco hijos. En 1985 su esposo y un hijo fallecieron con pocos meses de diferencia "y en ese momento me hubiera gustado morir. Pero ahora quiero vivir y hacerlo en mi casa, donde he sido feliz durante muchos años". "A mi edad, yo me arreglo sola, no tengo a nadie que me ayude con los trabajos del hogar y me desenvuelvo perfectamente", destaca con orgullo. Y aunque sus cuatro descendientes se han comprometido a alojarla por turnos en el caso de que finalmente pierda su residencia, ella se resiste a dejar su casa del 415 del Camí dels Reis. "En su momento ya me hablaron de venderla para irme a un piso más pequeño, pero lo rechacé".
Aunque ha acudido a las reuniones que se han mantenido para crearla plataforma que deberá defender sus intereses, reconoce que sigue teniendo problemas "para entender todo lo que dicen, porque hablan en mallorquín", pero destaca que para hacerse una idea del alcance del proyecto ha contado con la ayuda de sus hijos, "que están pendientes de mí". También se declara dispuesta a aceptar la pérdida de un metro del jardín existente ante su vivienda, pero no a perder esta última.
"No podemos llevarnos a un piso todos los recuerdos"
Francisco y Magdalena Hernández también superan los 70 años de edad y viven en el número 417 del Camí dels Reis junto a dos hijos, un yerno y un nieto. Y advierten que aunque se les intente compensar por el valor económico de su residencia, nadie les podrá restituir los recuerdos de toda una vida vinculados a esa vivienda, ni podrán llevarse a un piso pequeño todas aquellas cosas con las que han ido llenando su hogar.
Como en los casos anteriores, aseguran que "si nos quitan medio metro de terreno no protestamos, pero que nos dejen nuestra casa, porque no tenemos otro sitio a donde ir". Y en relación a este tema, Francisco Hernández recuerda que a sus 78 años y a los 74 de su esposa las entidades financieras no conceden hipotecas para poder comprar otro inmueble, y que para dos jubilados resulta imposible poder empezar desde cero.
Por ello, añade a sus reivindicaciones el que se les garantice una vivienda digna en el caso de que la que tienen en estos momentos tenga que ser demolida.
"Me autorizan a reformar la casa y ahora la quieren tirar"
Pilar Real tiene 35 años y vive en el 401 de este eje viario junto con su marido y su hijo pequeño. Hace dos años tramitó ante el ayuntamiento de Palma todos los permisos necesarios para poder reformar su casa, levantar una planta más y construir una piscina. Pero cuando apenas le falta un 15% del proyecto por concluir, le comunican que su residencia va a tener que ser derribada. Y no da crédito. "Hemos pagado a Cort todas las tasas y permisos, nos hemos gastado un montón en la reforma, y todo para nada".
Pese a lo expuesto, no se considera la más perjudicada, "porque a nuestra edad todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo". Pero lamenta el caso de su vecina Isabel, de más de 80 años, y que vive sola en la casa colindante "desque que era una niña". Pilar no oculta su preocupación por la mujer que reside a su lado ya que desde que se le notificó la posible demolición "no deja de llorar".
"Me expropian la vivienda y también la de mi madre"
Juan Manuel García y Alicia Martín se trasladaron hace 21 años al inmueble que había pertenecido al abuelo de él y "aún estamos pagando la última reforma que hicimos". En ella residen junto a su hijo, que es alumno del instituto de Son Pacs, situado en las inmediaciones. Aunque su posible traslado "no será un drama por nuestra edad, sí va a tener un coste emocional muy alto", aseguran.
Su caso alcanza una relevancia especial porque a la expropiación de su inmueble en el número 402 del Camí dels Reis se va a sumar la casa de la madre de Juan Manuel, en el número 1 de Lleonets, también afectada por la ampliación del segundo cinturón. "Tiene 76 años y es viuda. Y en esa vivienda nos hemos criado sus tres hijos".
"Mi casa va a quedar encajonada por la reforma"
José Roig no va a perder su casa del Camí dels Lleonets, pero ésta "va a quedar encajonada al quedar pegada a la nueva vía", lamenta. Se trasladó a esta zona hace siete años al nacer el último de sus tres hijos "porque queríamos ganar en calidad de vida". Para ello, adquirió un inmueble que ha reformado con "muchas horas de trabajo que yo mismo he dedicado". Y no oculta que se siente engañado, porque "el proyecto que nos explicaron era más reducido".
