El responsable máximo de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado carta blanca para que la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, sea también acusada por su implicación en el caso Can Domenge. Esta decisión coincide con el criterio que han mantenido los dos fiscales anticorrupción de Balears, Juan Carrau y Pedro Horrach, que defendieron ante su jefe jerárquico que a su juicio había suficientes indicios para sostener una acusación penal contra la antigua presidenta de Unió Mallorquina.

Esta decisión de Salinas complica aún más, si cabe, la situación judicial de la ex presidenta del Consell de Mallorca, para quien la fiscalía le reclama una condena de seis años de cárcel por su implicación en una pieza separada del caso Maquillaje.

Con este paso adelante que dio ayer Anticorrupción, Munar, a la que hace pocas semanas le han detectado una grave enfermedad, tendrá que sentarse también en el banquillo por la decisión que adoptó el Consell de Mallorca de vender el solar de Can Domenge a mitad de precio. El Consell rechazó una oferta de 60 millones de euros que presentó el constructor Josep Lluís Núñez, y aceptó la propuesta que planteó la empresa constructora Sacresa-Ferrá Tur, que ofrecía la mitad, es decir, 30 millones de euros.

Esta decisión de elegir el proyecto de Sacresa frente a otras ofertas mucho mejores económicamente se llevó al Pleno del Consell, y se aprobó con los votos del equipo de gobierno y con los de los diputados del Partido Popular. El pleno fue presidido por Miquel Nadal, ante la ausencia por enfermedad de Maria Antònia Munar.

La fiscalía Anticorrupción entiende que el concurso de Can Domenge no fue más que un amaño organizado entre la constructora catalana y los políticos del Consell, ya que se han intervenido documentos que demuestran que los directivos de Sacresa recibieron información privilegiada sobre las condiciones del concurso. Estos directivos han confesado que esta relación con el Consell se mantuvo con el entonces vicepresidente de la institución, Miquel Nadal, que, al igual que Munar, también será juzgado por este caso de corrupción.

Esta decisión que ha adoptado el fiscal jefe Antonio Salinas, que supone que se van a presentar cargos delictivos contra Maria Antònia Munar, fue comunicada ayer por escrito a la titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma. La investigación judicial está prácticamente concluida. Sólo falta un informe, pedido por la juez, para que Hacienda indique si Maria Antònia Munar ha podido cometer un delito fiscal al valorar su patrimonio personal por debajo del valor real, y evitar así el pago de impuestos.

Munar, defendida por el abogado Gabriel Garcías, ha sostenido siempre que ella nunca estuvo al corriente de la negociación por la venta del solar de Can Domenge, ya que durante el periodo de esta tramitación se encontraba de baja laboral recuperándose de una operación quirúrgica. La ex presidenta de UM ha negado también que en algún momento mantuviera contactos a nivel personal con los directivos de Sacresa y rechazó que esta empresa hubiera recibido un trato de favor. Negó, por tanto, que esta constructora conoció antes que el resto de empresas los detalles del concurso público que iba a convocar el Consell de Mallorca.

Al margen del futuro judicial de Munar, Anticorrupción está negociando un acuerdo con otros imputados, que están dispuestos a reconocer que el concurso público fue un amaño para favorecer a Sacresa frente a otras competidoras.

Son muchas las fuentes jurídicas que defendían que las pruebas que podrían implicar a Munar eran muy débiles. Este criterio no lo comparte la fiscalía Anticorrupción que sí entiende que las pruebas contra la ex presidenta de UM son suficientes para plantear una acusación frente a un tribunal.