El delegado especial de la Fiscalía para los delitos contra el medio ambiente de Balears, Julio Cano, ha decidido presentar su dimisión, entre otros motivos, por la falta de medios que hay en estos momentos para investigar estas infracciones. La renuncia de Julio Cano, que ya anunció hace varios meses al fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, ha sido aceptada hace pocos días.

Julio Cano sustituyó en el cargo a Adrián Salazar, el primer fiscal de medio ambiente que decidió apartarse de estos casos para dedicarse a la persecución de los delitos de tráfico de drogas.

Este departamento especial de la Fiscalía se encarga de recibir todas las denuncias, bien de particulares bien procedentes de distintas administraciones, sobre infracciones que pueden afectar al medio ambiente. El fiscal, si considera que hay delito, presenta después la correspondiente denuncia. Este departamento de la Fiscalía también se encargaba de perseguir todas las construcciones ilegales que se levantaban en las islas.

Prueba principal

En la persecución de los delitos medio ambientales la prueba principal que aporta la acusación son los peritajes que realizan los técnicos sobre una determinada infracción. Además de la dificultad propia que conlleva este tipo de delito, sin este peritaje es difícil que el fiscal pueda sostener una acusación ante un tribunal.

La Fiscalía de Balears ha suscrito varios acuerdos con la administración, sobre todo con la conselleria de Medio Ambiente, para que se encargue de la financiación de estos estudios que realizan técnicos en la materia. Sin embargo, debido al recorte presupuestario y a la falta de medios económicos de la administración autonómica, cada vez es más difícil conseguir la financiación suficiente para que estos estudios se realicen. Los peritajes son cada vez más caros y el presupuesto se ha ido reduciendo, por lo que la fiscalía apenas ha presentado en los últimos meses denuncias por delitos medio ambientales ante las escasas posibilidades de que los casos prosperen en el juzgado. Lo mismo está ocurriendo con las denuncias que ya se instruyen en los juzgados de Balears, que están prácticamente paralizadas en estos momentos por la falta de presupuesto, ya que no se puede destinar el dinero suficiente para el pago de estos estudios técnicos.

Ante esta situación Julio Cano ha decidido renunciar a su cargo. Será sustituido por la fiscal Amparo González.