El millonario matrimonio británico Hore, propietario de varias fincas en la zona de Son Bunyola (Banyalbufar), está negociando un pacto con la fiscalía para evitar ingresar en prisión. El acuerdo, lógicamente, supondría confesarse culpable a cambio de no entrar en la cárcel, pero asumiendo el pago de una elevada multa económica que podría superar los doce millones de euros, según han señalado fuentes judiciales. Si el pacto –que estaría en estos momentos muy avanzado– se firma, se evitaría la celebración del juicio.

Christian Hore y su esposa Martha Mónica están acusados de cometer quince delitos contra la Hacienda Pública, con la ayuda del abogado palmesano Alejandro Feliu, quien también ha llegado a un acuerdo con la fiscalía por el que tampoco ingresará en prisión.

Los bienes inmuebles que el matrimonio Hore adquirió en Mallorca figuran a nombre de la mujer. Martha Mónica Hore nació en Colombia, pero su actual nacionalidad es la británica. En el año 2002 realizó la compra de la finca sa Marina de Valldemossa. El precio declarado fue de 1,5 millones de euros, pero Hacienda mantiene que en realidad la suma pagada alcanzó la cifra de 4,5 millones. La operación se realizó a través de varias sociedades situadas en las islas vírgenes británicas, de tal forma que no se tributó en España. Ese mismo año el matrimonio también adquirió el conjunto de fincas rústicas de Son Bunyola, en la localidad de Banyalbufar, una de las zonas más emblemáticas de Mallorca. Estas fincas se compraron al grupo Virgin y su precio se fijó en 21 millones de euros. Según el fiscal, tampoco se tributaron impuestos en España.

Los Hore han mantenido que no tenían ninguna obligación de pagar impuestos en España porque la mujer es residente fiscal en el Reino Unido, tesis que no comparte ni el fiscal ni la abogacía del Estado, que representa la acusación particular.

Todos los intentos del matrimonio Hore –que han denunciado incluso a su abogado Alejandro Feliu– para que la causa fuera archivada, han fracasado, y ahora que se acerca el juicio están dispuestos a alcanzar un pacto con la fiscalía ante la posibilidad de que un juez les condene y les imponga penas de cumplimiento en prisión. El acuerdo con el fiscal podría estar cerca de su firma.