Ley de Bienestar Animal: Multa de hasta 10.000 euros si no cumples esta nueva obligación

A partir del 29 de septiembre, entrará en vigor la Ley de Bienestar Animal, aprobada en febrero por el Congreso de los Diputados. Esta ley, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, establece una serie de obligaciones para los dueños de animales domésticos, especialmente perros. A continuación, se detallan las nuevas normas que se deben cumplir:

La ley de Bienestar Animal explicada en veinte claves

1. Será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños a terceros, independientemente de la raza y tamaño del perro.
2. Los propietarios deberán realizar un curso gratuito en línea que demuestre su capacidad para cuidar de un perro.
3. Todos los perros tendrán que pasar un test de sociabilidad. Aquellos que no lo superen deberán salir a la calle con bozal y correa corta hasta que aprueben la prueba con la ayuda de un adiestrador. Por lo tanto, ya no habrá razas que se consideren peligrosas.
4. No se permitirá que un perro esté solo en una vivienda por más de 24 horas (un gato por más de 3 días). Además, se prohíbe mantener a los animales en balcones o sótanos. En caso de incumplimiento, se puede imponer una multa de hasta 10.000 euros.
5. Se exigirá que las mascotas se mantengan limpias e higiénicas, integradas en la familia. En caso contrario, se deben alojar en un lugar adecuado.
6. Se recomienda evitar la reproducción incontrolada, y se exigirá la esterilización para impedirlo. Solo los criadores autorizados podrán llevar a cabo la cría.
7. Queda prohibido dejar a los animales en vehículos cerrados, ya que esto pone en riesgo su vida.
8. Los animales no pueden ser atados ni dejarlos deambular por espacios públicos sin supervisión.
9. Los propietarios no deben permitir que los animales depositen sus excrementos y orina en lugares de paso común. Si esto ocurre, el dueño debe limpiar el área con productos biodegradables.
10. Los propietarios deben proporcionar a sus mascotas los tratamientos veterinarios que la Administración considere necesarios.