El derrumbe del Medusa abre un proceso judicial con indemnizaciones millonarias
La investigación deberá determinar si existen responsabilidades penales por delitos o si el asunto debe dirimirse en la jurisdicción civil
El caso tardará varios años en resolverse en los tribunales
Las imágenes del día después del derrumbe en Playa de Palma
Redacción
El derrumbe del Medusa Beach Club ha abierto un proceso judicial que será largo y en el que habrá en juego indemnizaciones millonarias para las víctimas y sus familiares. La investigación por la muerte de cuatro personas y las lesiones sufridas por otras 16, que ya está abierta en un juzgado de instrucción de Palma, deberá aclarar si existen responsabilidades penales por la comisión de delitos o si el asunto se dirime en la jurisdicción civil. Los juristas consultados coinciden en advertir que el caso tardará «varios años» en resolverse en los tribunales, aunque los afectados podrían recibir antes las compensaciones económicas que les correspondan a través de las compañías de seguros implicadas.
El juzgado de instrucción número 9 de Palma abrió diligencias el mismo jueves por la noche, ya que estaba de guardia ese día. Será el órgano encargado de recibir todos los informes del Ayuntamiento de Palma y de la Policía Nacional sobre las causas del siniestro. Las primeras conclusiones podrían estar listas esta misma semana, según ha anunciado el alcalde, Jaime Martínez.
Las pesquisas se centran en determinar por qué la terraza del Medusa Beach Club se vino abajo. Todas las evidencias apuntan a que estaba sobrecargada y que inicialmente no estaba permitido utilizarla como parte del restaurante. Los técnicos de Cort y la Policía rastrean tanto las licencias del local como las obras que se han llevado a cabo en los últimos años en el Medusa, los permisos que había para realizarlas y quienes participaron en ellas.
En caso de detectarse irregularidades que propiciaran el derrumbe, el caso se dirimirá en la vía penal por delitos de lesiones y homicidios imprudentes. Las fuentes consultadas se muestran cautas a la hora de atribuir responsabilidades, ya que será necesario esclarecer quién participó en las conductas irregulares que desembocaron en el derrumbe de la terraza.
Existe la posibilidad, añaden, de que no se aprecien conductas delictivas y que el caso quede penalmente archivado. Es lo que ocurrió con el derrumbe del edificio en el Camp d’en Serralta, en Palma, donde murieron siete personas en octubre de 2009. El juzgado de instrucción que investigó el caso concluyó que el siniestro se produjo de manera fortuita y archivó el asunto.
Como ocurrió entonces, los afectados deberán acudir a la jurisdicción civil para reclamar unas compensaciones que, en cualquier caso, serán millonarias. En principio, las indemnizaciones deberán ser abonadas por las compañías aseguradoras del negocio donde se produjo el derrumbe. En el caso del Camp d’en Serralta, un juzgado de primera instancia llegó a conceder más de 300.000 euros a algunos afectados.
DM
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