Una pareja residente en la zona de Blanquerna, en Palma, se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel por acosar a un taller mecánico que les molestaba. Los acusados propiciaron numerosas inspecciones policiales del negocio, instalaron en su casa megáfonos para quejarse de la actividad, fotografiaron a los empleados y publicaron en Internet acusaciones de corrupción. Los propietarios del taller, que ejercen la acusación particular, les imputan de delitos de acoso vecinal, calumnias e injurias y, además de la condena de prisión reclaman una indemnización de 6.000 euros. La fiscalía, por su parte, considera que los sospechosos cometieron un delito de coacciones y pide sendas multas de 5.400 euros.
El taller está situado en la esquina de las calles Blanquerna y Pere Martell, donde reside la pareja. Según expone la acusación particular, está abierto desde los años 60 y tiene seis vados permanentes. El acoso comenzó en el verano de 2018, cuando el hombre se presentó en la puerta del taller con una bocina de barco, que hizo sonar durante varios minutos. A lo largo de los meses siguientes, grabaron con sus teléfonos móviles a los trabajadores, tanto desde la calle como desde su domicilio. En junio de 2019, durante tres días seguidos, la pareja colocó un megáfono en la ventana de su casa y lanzaron consignas contra el establecimiento de forma repetitiva, quejándose del ruido que hacían los trabajadores en su labor.
De acuerdo con el relato de la acusación, en noviembre de 2019 el hombre se puso delante de un vehículo que un empleado llevaba al taller para impedirle el paso. Cuando le esquivó, golpeó la ventanilla, le insultó y le acusó de querer atropellarle.
Tanto los perjudicados como la fiscalía relatan que la pareja avisaron hasta en 20 ocasiones a la Policía Local, presentando quejas y denuncias por ruidos, suciedad y molestias que provocaron otras tantas visitas de los agentes. Las inspecciones y sonometrías llevadas a cabo determinaron que el negocio no cometía ninguna infracción y cumplía con todos los requisitos legales.
El hostigamiento se extendió también a las redes sociales. Los dos vecinos publicaron en sus perfiles de Facebook numerosos escritos en los que acusaban a los propietarios del taller de diversas irregularidades y sostenían que no eran sancionados porque mantenían relaciones corruptas con el Ayuntamiento de Palma y la Policía Local.
Está situación desembocó una denuncia y un juzgado de instrucción de Palma abrió diligencias. Concluida la investigación, la fiscalía imputa a los dos vecinos un delito de coacciones, por el que solicita que paguen multas de 5.400 euros. Por su parte, los dueños del taller consideran que los hechos constituyen delitos de acoso vecinal y calumnias e injurias con publicidad. Para el hombre piden una condena de dos años de prisión, una multa de 14.400 euros, una indemnización de 6.000 euros para los afectados y una orden de alejamiento del taller durante cuatro años. Para la mujer reclaman un año y medio de cárcel, 22.800 euros de multa y las mismas compensaciones y orden de alejamiento.
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