La Audiencia Provincial ha condenado a seis años de cárcel a un joven que desde su domicilio de Palma difundía archivos de pornografía infantil, entre ellos vídeos de violaciones y torturas a bebés de pocos meses. El acusado compartía este material «de especial carácter degradante y vejatorio», según el tribunal, en comunidades pedófilas de la internet oscura. La Policía encontró en la vivienda del procesado, de 27 años y residente en Son Gotleu, una gran cantidad de imágenes. El joven tiene una discapacidad intelectual, pero la sala considera que no está acreditado que fuera incapaz de comprender la ilegalidad de sus actos. Por ello le declara autor de un delito de corrupción de menores agravado por la «brutalidad» del material que compartía.
El acusado fue detenido en 2017 en el marco de una investigación abierta un año antes por la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Los agentes detectaron un enlace en la red TOR, conocida como la internet profunda por favorecer la privacidad y el anonimato de sus usuarios, que daba instrucciones para acceder a una comunidad pedófila. Los participantes compartían archivos a través de varias aplicaciones. El rastreo llevó a los investigadores a un domicilio de la barriada palmesana de Son Gotleu, desde donde se compartía este material.
El 7 de febrero de 2017, la Policía irrumpió en la vivienda y llevó a cabo un registro. Encontró multitud de dispositivos informáticos con material de pornografía infantil especialmente duro. Había, por ejemplo, vídeos y fotografías de dos bebés de pocos meses que sufrían diversas torturas y agresiones sexuales. En los soportes incautados se encontraron también pruebas de que los archivos se habían intercambiado con otros usuarios.
El acusado estuvo dos meses en prisión provisional y la fiscalía reclamó para él una condena de ocho años de cárcel por un delito de corrupción de menores. Durante el juicio, el joven admitió haber accedido a la comunidad de pedófilos para ver pornografía infantil, pero negó haber compartido ningún contenido e incluso dijo no haber visto nunca imágenes de violaciones y torturas a bebés. Los policías, sin embargo, declararon que había pruebas de que sí intercambió material pedófilo.
La sección segunda de la Audiencia Provincial ha condenado ahora al acusado a seis años de prisión por estos hechos. El tribunal destaca que el material que difundió era «especialmente degradante y vejatorio» y le impone, tras cumplir la pena de cárcel, otros seis años de libertad vigilada en los que no podrá acudir a locutorios y deberá participar en un programa formativo de educación sexual. La sentencia puede ser recurrida.
La discapacidad del acusado no le impedía comprender la ilegalidad
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia considera probado que el joven tiene una discapacidad intelectual, con un coeficiente de inteligencia límite, pero rechaza que fuera incapaz de comprender la ilegalidad de sus actos. El fallo descarta también que la Policía vulnerara los derechos fundamentales del acusado sin autorización judicial, como sostenía la defensa para pedir la nulidad de las actuaciones.
El tribunal, basándose en los informes y las declaraciones de dos médicos forenses, da por cierta la discapacidad intelectual del procesado, pero sostiene que «no existe acreditación de que en el momento de los hechos tuviera afectada la capacidad cognitiva ni la volitiva para comprender la ilicitud del hecho que se investiga y actuar libremente». Por ello, las magistradas descartan aplicar las atenuantes y eximentes de alteración psíquica planteadas por el abogado defensor.
El letrado solicitó también que se declarasen nulas las investigaciones policiales y, por tanto, toda la causa judicial, al entender que los agentes actuaron de forma encubierta sin orden judicial para acceder a comunicaciones privadas, vulnerando así derechos fundamentales del acusado. El tribunal concluye, sin embargo, que la labor de la Policía fue de «ciberpatrullaje» y que no se produjo ningún acto ilegal ni ilícito en las pesquisas.
