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Tribunales

El juez pide analizar los móviles de los acusados de torturas a un discapacitado en Manacor

Varios abogados de los sospechosos piden al magistrado que la víctima vuelva a declarar

Varios de los acusados, al ser puestos a disposición judicial en Manacor.

Varios de los acusados, al ser puestos a disposición judicial en Manacor.

El juez que investiga el caso de presuntas torturas a un hombre discapacitado en Manacor ha acordado que los teléfonos móviles de los siete acusados sean analizados en busca de pruebas. Los aparatos fueron intervenidos por la Policía Nacional tras los arrestos, pero su contenido no fue examinado ante la oposición de algunos abogados defensores. El magistrado ha acordado esta semana que se extraigan los archivos en busca de vídeos, fotografías y conversaciones que arrojen luz sobre lo ocurrido. La decisión será recurrida por varios letrados de los sospechosos para que, al menos, se acote la búsqueda en los terminales.

Por otra parte, al menos uno de los abogados defensores ha solicitado al juez que cite de nuevo a declarar a la víctima. El hombre ya fue interrogado durante una hora y media tras la detención de los siete acusados, pero el letrado sostiene que la investigación estaba entonces en fase inicial y que hay nuevos datos sobre los que pretender preguntarle para esclarecer lo sucedido. El magistrado todavía no ha decidido sobre esta petición, según han explicado a este diario fuentes conocedoras del proceso judicial.

Los hechos ocurrieron durante los días 6 y 7 de marzo pasados en un domicilio de Manacor. La víctima, de 34 años y con una discapacidad intelectual reconocida del 38 por ciento, organizó a través de Internet un supuesto concurso con premios económicos en los que los participantes debían someterlo a diversas vejaciones. Los sospechosos le tatuaron penes en la cara, le sellaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de los pies, entre otras prácticas.

El hombre denunció después que había sido retenido en la vivienda y que no consintió estas torturas. La Policía Nacional arrestó en los días siguientes a los siete participantes, jóvenes de entre 20 y 30 años por delitos de detención ilegal, lesiones y vejaciones. Alegaron que no sabían que el organizador sufría una discapacidad y que todo lo que le hicieron fue a petición suya y sin ninguna coacción. El juez los dejó en libertad provisional a la espera de que avancen las pesquisas.

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