Los 72 decretos aprobados desde el repunte dan aval al reparto de menores

Muchas palabras y buenas intenciones sobre el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, pero la modificación de la ley para que se proceda por obligación y no solo por solidaridad no se cristaliza. Desde Madrid analizan la situación, valoran la gravedad del asunto e insisten en la necesidad de ofrecer una solución que, sin embargo, no llega. Un "vuelva usted mañana" de manual. Quien sí ha hecho los deberes es el Gobierno canario, que ha puesto sobre la mesa una propuesta que permitiría repartir de forma equitativa por todo el territorio nacional a los niños y adolescentes llegados de forma irregular al litoral isleño.

La "solución canaria" cuenta con una vía lenta, que requiere tocar leyes orgánicas y lograr una mayoría absoluta en el Pleno de las Cámaras; y una vía rápida, a través de un decreto ley. El Ejecutivo autonómico apuesta por la opción más eficaz, pero el Gobierno central no lo ve claro, a pesar de que desde que se reactivó la ruta canaria –en agosto de 2020– ha aprobado 72 decretos ley. Uno cada 18 días.

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Los decretos ley se aprueban en Consejo de Ministros para su entrada en vigor y reducen al mínimo el debate en el Congreso, pues solo se necesita una votación en los 30 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 86 de la Constitución reserva este mecanismo a los casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más ha echado mano de esta herramienta, que ha empleado para dictar medidas para paliar las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania y para enviar ayudas para la reconstrucción de La Palma. 

Consenso de los grupos políticos

La Cámara baja puede aprobar íntegramente el decreto ley, pero los grupos parlamentarios también pueden poner en marcha trámites para enmendarlo, por lo que el Gobierno canario insiste en la necesidad de contar con el acuerdo de todo el arco parlamentario –solo Vox se ha quedado fuera–.

De esta forma se evitaría ralentizar más la entrada en vigor de una medida que es fundamental para aliviar al Archipiélago de la presión que supone tener a más de 5.700 menores bajo su tutela y, especialmente, para garantizar que se cumplen los derechos de la infancia y que se brinda una correcta atención a todas las necesidades de esos niños y adolescentes que han abandonado su país sin la compañía de algún familiar. "Entendemos que esto es un asunto de Estado y estamos intentando recabar el mayor consenso posible entre los grupos políticos", afirma el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.

La propuesta para modificar el marco legal que presentará Canarias se aprobará el lunes en el Consejo de Gobierno, tras eliminar la idea de crear una Organización Nacional de Protección de Menores Extranjeros no Acompañados que centralice la gestión de los niños y adolescentes antes de derivarlos a las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional asume que esa labor correrá a cargo de la Comisión Interministerial de Migraciones, dirigida por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

Tiempo para estudiar las alternativas

Desde el Gobierno central, apunta Cabello, han pedido tiempo para estudiar las diferentes alternativas y ver desde qué ministerio se puede impulsar la modificación legal y qué alcance puede tener. "Una vez adaptada la norma principal, se debería acelerar la distribución utilizando los criterios que ya se han establecido por la conferencia sectorial de migraciones", explica el portavoz del Ejecutivo autonómico, quien advierte de que "Canarias no puede esperar mucho más".

Cabello insta a evitar reabrir el debate sobre los parámetros que determinan cuántos menores deben ser atendidos por cada comunidad autónoma, pues esos criterios ya se fijaron cuando se pactó el reparto de los 368 menores que fueron derivados entre 2022 y 2023; así como de los 339 que se pactó repartir en octubre de 2023 y que todavía están pendientes de salir del Archipiélago.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno autonómico, agradeció ayer la predisposición actual del Gobierno de España y apuntó que "la solidaridad del pasado ha fracasado y ahora necesitamos inmediatez, tanta como se ha dado en otras decisiones legislativas del Estado", aludiendo de forma implícita a la ley de amnistía. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse la semana pasada con Clavijo y conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los centros de acogida en las Islas, propuso tener novedades sobre la manera de legislar el nuevo sistema de acogida de menores migrantes antes de que termine el primer trimestre. 

Pacto para la investidura

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, durante la votación de la ley de amnistía que se produjo el martes de la semana pasada, apuntó desde la tribuna que en seis meses se ha podido articular una norma pactada con Junts per Catalunya, pero no se ha dado solución a la emergencia humanitaria que viven las Islas. "Es modificar la ley para que el Estado asuma sus competencias con los menores migrantes que llegan a Canarias. ¿Las vidas de esos más de 5.000 niños son menos importantes que lo que estamos hablando hoy aquí?", cuestionó Valido, quien además recordó que esos ajustes en el marco legal forman parte del acuerdo de investidura firmado entre los nacionalistas y el PSOE. "Esperamos que en algún momento se modifique la ley, porque el tiempo vuela y los acuerdos si no se cumplen por un lado, tampoco se cumplen por el otro", concluyó la diputada nacionalista.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado que se esté incumpliendo el acuerdo ese acuerdo y ha asegurado que, desde el Gobierno central, se trabaja "con rigor jurídico" y para que "el acuerdo sea una realidad". Durante una entrevista en RNE, puso en valor el esfuerzo del Ejecutivo central para "reforzar, si cabe aún más, la coordinación interministerial y acompañar de fondos económicos".

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