Abusos sexuales, peleas y plagas: la CGT denuncia graves deficiencias en pensiones de emergencia social de Barcelona

"Hemos visto abusos a menores, agresiones sexuales y físicas, una falta flagrante de limpieza y situaciones de grave inseguridad para las trabajadoras: en definitiva, se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas más vulnerables", así de contundente se ha mostrado hoy Sonia Cabello, una extrabajadora de la empresa Sociohabitatge que hoy ha realizado una denúncia pública contra esta empresa en una rueda de prensa delante del ayuntamiento de Barcelona. Sociohabitatge es una empresa que gestiona el 20% de los pisos de urgencia social de la ciudad. "¿Cómo se puede permitir que estén haciendo negocio de la miseria?", ha lamentado el delegado sindical de la CGT Robert Morral.

El ritmo incesante de los desahucios y la falta de vivienda social, especialmente en el área metropolitana, ha aumentado en un 70% el uso de pensiones y hogares de máxima emergencia como una primera respuesta para atender a todas las personas vulnerables (niños, mujeres maltratadas o personas enfermas) que no tienen un sitio donde vivir. En los últimos años, Barcelona hizo un contrato público, encargado al grupo Barceló (a través de la empresa BCTravel), por valor de 75 millones de euros, para que se encargara de reubicar en pensiones o hogares de emergencia a todas las personas que necesiten un techo en la capital: desde ancianos, familias con menores, refugiados o personas muy enfermas o con adicciones graves.

A su vez, el grupo Barceló tiene contratos con varias empresas que ofrecen alojamiento en la ciudad. El 20% de las plazas de este contrato, según confirma el consistorio, las gestiona Sociohabitatge. En la teoría, se trata de centros con varias habitaciones donde hay trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos e incluso médicos, que acompañan las personas que deben vivir en estas viviendas. "Pero a la hora de la verdad es todo mentira: no hay nada de eso", ha lamentado Alba Gómez, otra extrabajadora.

Abusos, agresiones y fallecidos

Estas dos exempleadas han afirmado que en este centro, almenos durante el último año, se han vivido una cantidad ingente de irregularidades graves. Algunas de ellas, denunciables a la policía. Explican que se produjo una agresión sexual a un menor que está siendo judicializada. Pero no es el único caso. "Hay graves conflictos y situaciones que han derivado en abusos y agresiones sexuales a los usuarios, a menores o personas con discapacidad, y también de acoso sexual a las trabajadoras. Además, ha habido varias muertes que creemos que tienen que ver con la falta de asistencia de estas personas", ha explicado Gómez .No saben cuántos han ocurrido ni si los Mossos lo saben. "Porque no había ni un protocolo: avisábamos a la empresa pero o no hacían nada o nos cambiaban de lugar de trabajo", ha explicado Cabello.

Una extrabajadora, que ha denunciado Sociohabitatge por su despido, ha explicado que estuvo varias semanas denunciando el maltrato que sufría un menor. "Su madre lo maltrataba y tomaba drogas delante de él", explica la chica que pide anonimato. "Avisé a la empresa pero no hicieron nada y al final llamé a la DGAIA. Vinieron y contaron que yo les había avisado: al día siguiente estaba despedida", sigue. También pasó algo similar en el caso de una madre que maltrataba a su hijo arrastrándolo por la calle, o encerrándolo en un balcón en pleno invierno, según un empleado. "Avisábamos, hacíamos informes, y nadie reaccionaba hasta que decidimos llamar directamente a los servicios sociales municipales", explica este trabajador.

Insalubridad y comida caducada

"Se mezclan mujeres víctimas de violencia machista con sus hijos con homnbres que han sido agresores. Personas afectadas por drogodependencias con refugiados, familias desahuciadas, grandes dependientes con problemas de mobilidad en edificiones con barreras arquitectónicas", ha dicho Cabello. Pero los extrabajadores también denuncian una situación de insalubridad extrema. "El suelo de la cocina está sucio, hay cables pelados que los niños pueden electrocutarse", explica una extrabajadora. También dicen que se sirve comida caducada. "No se respetan las dietas: ni comida halal para las personas musulmanas, ni tampoco las dietas que recomiendan los médicos para las personas enfermas, por ejemplo diabetes. Hay un cátering precocinada con pésimas condiciones de calidad", ha denunciado Cabello. "Las plagas son muy habituales", ha remachado Gómez.

Pero además, los empleados han denunciado una situación de precariedad grave. "Se aprovechan de la vulnerabilidad de las empleadas: la mayoría madres monoparentales, migrantes, que cobran 1.095 euros brutos al mes. La gente tiene mucho miedo de alzar la voz", han explicado Cabello. Gómez también ha dicho que no hay medidas de seguridad para ellas y que se haceb turnos de trabajo de 48 horas seguidas. "Además, las ratios son imposibles: un trabajador debe de estar pendiente de 50 personas", ha añadido Gómez.

Intento sindicalista pisoteado

A finales de verano, algunas trabajadoras decidieron organizarse para intentar pedir cambios en el funcionamiento de esta empresa. "Queríamos forzar a que las cosas cambiaran porque empezamos a tomar consciencia que la situación era grave", ha explicado Cabello. El 12 de abril crearon la sección sindical de la CGT con 10 empleadas. El 12 de mayo iniciaron los trámites para hacer las elecciones sindicales. Y dos semanas después estas diez empleadas fueron despedidas de forma fulminante. "Claramente ha sido una represalia para que siga el mutismo", se ha quejado Gómez.

La denuncia la han hecho en rueda de prensa, frente al ayuntamiento de Barcelona, donde también han participado trabajadores de servicios sociales externalizados para personas sin hogar y familias que viven en chabolas. "Creemos que los propietarios de la empresa Sociohabitatge están haciendo negocio con la miseria. Con una habitación de seis camas ganan 10.000 euros cada mes. ¡Es dinero público!", se ha quejado Morral, que ha señalado que los propietarios de Sociohabitatge son personas vinculadas al negocio inmobiliario y de pisos turísticos. Por el momento, la CGT no ha querido denunciarlo a la justícia, pero espera una respuesta del consistorio de Barcelona, dado que la situación se produce con sus recursos.

"Esto es un conflicto entre BCD Travel y Sociohabitatge", se limitan a decir fuentes municipales, que aseguran que a ellos no les ha llegado ni una queja sobre este asunto. La anterior concejala de Derechos Sociales, Laura Pérez, habia manifestado en varias ocasiones la necesidad de hacer inspecciones en estos establecimientos para controlar si cumplían con los pliegos del contrato. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la empresa Sociohabitatge, sin éxito.