Autodeterminación del género, despatologización de la transexualidad y otras claves de la ley trans

España dejará de considerar la transexualidad una enfermedad una vez entre en vigor la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados tras una tramitación tortuosa de dos años.

Una de las principales medidas de la ley es que despatologiza la transexualidad, esto es, deja de exigir a las personas trans que acrediten un diagnóstico médico o psicológico para cambiar su sexo en el Registro Civil: la norma acaba con las tutelas médicas y judiciales, de manera que la voluntad de la persona será el único requisito exigido para cambiar su sexo y su nombre en el Registro Civil.

Esta autodeterminación del género es, sin duda, la medida más conocida de la ley. A partir de los 16 años, cualquier ciudadano o ciudadana podrá solicitar el cambio registral de la mención del sexo sin más requisitos que su decisión. En un plazo máximo de cuatro meses, la modificación debe completarse: sin pruebas, informes o el pronunciamiento de terceras personas.

La persona interesada deberá comparecer ante el funcionario encargado del Registro, que le hará entrega de un formulario donde declarará su disconformidad con el sexo asignado al nacer y su solicitud para rectificarlo, así como el nuevo nombre que desea tener. En ese momento, será informada de las consecuencias jurídicas de este cambio. En tres meses, tendrá que volver a comparecer para ratificar su solicitud y a partir de ese momento se procederá a la modificación en un plazo máximo de un mes. En total, cuatro meses.

En el caso de que la persona solicitante tenga 14 o 15 años, el procedimiento será el mismo, pero exigirá el consentimiento de sus progenitores. Para los chicos y chicas de 12 y 13 años, será necesaria la autorización judicial. Por debajo de esa edad no se podrá cambiar el sexo en el Registro Civil, pero sí el nombre.

Esta novedad legal, históricamente demandada por el colectivo trans, cambia radicalmente la respuesta de España a la realidad transgénero: hasta la fecha, para cambiar su mención registral de sexo y nombre, las personas trans tenían que acreditar en España un diagnóstico médico de disforia de género y someterse durante dos años a un tratamiento hormonal, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad una enfermedad en 2018.

Con la nueva norma, se contempla la posibilidad de que se pueda revertir el cambio registral, pero tienen que haber pasado seis meses de la modificación y la solicitud ha de recibir la aprobación de un juez.

La ley deja muy claro que un cambio de sexo en el Registro Civil no exime de las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción, con especial atención a la ley integral contra la violencia de género. Esto quiere decir que la modificación registral de sexo y nombre en el Registro no librará a un agresor machista de hacer frente a las consecuencias legales de sus actos.

Asimismo, recoge que el Ministerio de Sanidad tendrá que velar por el suficiente abastecimiento de medicamentos hormonales para el colectivo trans.

Más allá de las medidas para garantizar la igualdad de las personas trans, la ley incluye otras dedicadas al colectivo de lesbianas, gais y personas intersexuales.

Por ejemplo, se prohíben las terapias de conversión destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, aun cuando cuenten con su consentimiento o el de sus representantes legales.

En cuanto a las personas intersexuales, se prohíben intervenciones de modificación genital en los menores intersexuales -que presentan a la vez caracteres sexuales de ambos sexos- desde el nacimiento hasta los 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario para proteger su salud. Entre los 12 y los 16 años se permitirán si la madurez del menor permite que pueda dar su consentimiento de manera informada.

También cambia el Código Civil para que lesbianas y mujeres bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin la exigencia del matrimonio, así como que estas mujeres y las personas trans tengan acceso a técnicas de reproducción asistida.

La norma contempla un sistema de sanciones para castigar conductas discriminatorias: se podrán sancionar estos comportamientos con hasta 150.000 euros de multa. Entre esas conductas, se considerarán infracciones administrativas muy graves las terapias de conversión, la elaboración de libros de texto que presenten a las personas como superiores o inferiores en función de su orientación e identidad sexual, la convocatoria de actividades que tengan por objeto la incitación a la discriminación contra personas del colectivo LGBTI, y la discriminación laboral y el acceso a la vivienda de este colectivo.

La ley trans y LGTBI incluye la obligación de elaborar un estudio sobre el 'sexilio', entendido por el "abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia"; así como que las administraciones públicas promuevan un turismo diverso e inclusivo que visibilice a las personas LGTBI como sujetos de la actividad turística.

Además, entre su articulado se recogen varias medidas para que la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual o identidad sexual o de género se combata desde las escuelas. Se formará al profesorado para fomentar la formación en el respeto a la diversidad, para detectar posibles casos de violencia en el ámbito familiar por estas razones y para saber cómo actuar ante un caso de violencia escolar por LGTBIfobia. Asimismo, se fomentarán la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares.