El Consell redactará un plan de restauración del Castell de Alaró cuando asuma la propiedad

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció ayer que el 6 de mayo se reunirán en Madrid el Gobierno y el organismo insular con el objetivo de cerrar la cesión de las murallas del Castell de Alaró. No será una tarea fácil. Hace seis años que ambas partes, la administración central y la local, están de acuerdo en concretar esta transferencia de propiedad, pero tras cada anuncio se han presentado obstáculos burocráticos que han impedido culminar el procedimiento. Al encuentro acudirán en conseller de Territorio, Fernando Rubio, y el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló.

De forma preventiva y por si continúa la parálisis, el Consell remitió ayer una carta en la que se insta al Gobierno a afrontar de forma urgente la restauración de este Bien de Interés Cultural desde 1931. Si no se ejecutan desde Madrid, el organismo insular prevé afrontar los trabajos de forma subsidiaria y pasar la factura al dueño. Esta medida se inicia en aplicación de la Ley de Patrimonio, en la que se establece que «los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes de interés cultural o catalogados tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de tal manera que se garantice la salvaguarda de los valores. El uso a que se destinen estos bienes debe garantizar su conservación».

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Interrogada la vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Antònia Roca, sobre cuánto durará este proceso, aseguró que es difícil establecer plazos porque se debe seguir un proceso administrativo, que también depende de la velocidad de respuesta de la otra parte. Tampoco se cuenta con una evaluación del coste de los trabajos ya que antes será necesario efectuar un diagnóstico y establecer cuáles son las intervenciones urgentes. Se ha comprometido a que en cuanto sea posible intervenir, se cuente con el dinero para hacerlo.

La situación es crítica

En cualquier caso, nadie pone en duda que la situación es crítica en algunos puntos de la histórica fortificación. Galmés acotó que «una vez el castillo sea propiedad del Consell, la institución insular podrá intervenir de forma directa y rápida para frenar la degradación que ahora sufre». Añadió que se elaborará un plan de actuación que establecerá las prioridades.

La retirada de residuos del Castell d'Alaró, en imágenes

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Este deterioro fue evaluado por el arqueólogo y miembro de la directiva de la Associació Cultural Al Rum, Biel Llodrá. El técnico explicó que la imagen más emblemática del Castell, la torre del homenaje, que se finalizó en 1322, no corre riesgo de derrumbe, aunque sí sufre un deterioro evidente. Resaltó que es muy urgente actuar en el trozo de muralla que va desde esta torre hasta el denominado esperó de Ponent, en los aljibes de época musulmana y también en la denominada torre de sa Cova, que amenaza colapso en cualquier momento.

El alcalde de Alaró defendió que este «es un tema crucial para la agenda política municipal y no se debe politizar; la unanimidad del pasado pleno del Ayuntamiento de Alaró debería ser la tónica general y no entrar en peleas políticas».

Un camino difícil

La ruta para la preservación de este histórico monumento no será fácil. De entrada, la familia propietaria de la mayor parte de la montaña –excluida la zona del oratorio y la de la fortaleza– asegura que las murallas también son suyas. Esgrimen para ello un escrito de los años treinta de la Comisión de Bellas Artes. Las diversas administraciones no conceden excesivo valor a esta reivindicación y alegan que existe documentación más que suficiente para sostener la propiedad pública. Sin embargo, no se debe descartar que se inicie algún tipo de procedimiento judicial que complique la preservación del bien.

Además de las disquisiciones sobre la propiedad de las murallas y las restauraciones necesarias, se planteó otra cuestión relacionada con la adquisición del conjunto de la montaña. Desde 2020 se cuenta con una partida de 1.100.000 euros procedentes de la ecotasa para comprarla. La partida se fijó a partir de la valoraciones efectuadas por técnicos del Consell. Sin embargo, esta cantidad se encuentra muy alejada de las pretensiones de la familia Ordinas, propietaria de estos terrenos, que exige 2,5 millones.

Las autoridades insulares consideran de gran valor simbólico lograr la titularidad pública de este espacio. No descartan recurrir a la vía de la expropiación, si siguen sin producirse avances con los titulares de la finca.